Se adelanta por estos días en todo el país la contienda electoral que el próximo 13 de marzo elegirá los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes; como es ya costumbre, abundan los candidatos de todos los perfiles, partidos políticos, comunidades religiosas, movimientos cívicos y ciudadanos, grupos ecológicos, raciales, indígenas, comunidades de libertad de género, en fin, existe una amplia y variada representación de la ciudadanía matizada por sus intereses, prioridades y su misma naturaleza. Sin embargo, como pasa siempre, la educación se convierte en la preocupación de todos, pues no hay discurso, ni programa alguno que no la involucre como eje fundamental de sus propuestas y de su plataforma ideológica. Prioridades en infraestructura educativa, dignificación de la labor del maestro, renovación de las prácticas escolares, desarrollo de más y mejores competencias, bilingüismo, inclusión, entre otras, conforman el variadísimo menú de quienes aspiran al parlamento Colombiano, en un afán imperioso por conquistar al país educativo y obtener el favor electoral, es decir, el respaldo en las urnas.
Dicho esto, que pasen al tablero todos aquellos que hoy aspiran al órgano legislativo de Colombia; que pasen al tablero de la escuela y sin ambages respondan dos interrogantes para que el pueblo sepa reconocer quienes son, como lo decía el gran presentador de humor de la televisión colombiana: Alfonso Lizarazo, aquellos que “llevan una escuelita en su corazón”. En este caso, lo primero que deben responder aquellos que ya han sido parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, es qué han hecho por la educación en los cargos o posiciones que han ocupado, sencillamente, porque no podemos creer en la promesa de alguien que ya ha tenido la oportunidad y no ha hecho nada. Este informe de su gestión en materia educativa nos dará la oportunidad de valorar frente al tablero lo bien hecha que les quedó la tarea. Pero adicionalmente, deben pasar al tablero a contarle al país educativo lo que harán por la escuela desde el parlamento colombiano en caso de alcanzar la curul que así los acredite, eso sin lugar a dudas, nos servirá para la próxima rendición de cuentas. Desde luego, a esos compromisos hay que hacerles seguimiento, la ciudadanía está en el derecho y en la obligación de hacerlo, máxime en el campo de la educación, donde regularmente somos invitados a la fiesta, pero no alcanzamos la celebración.
Quiero además aprovechar esta ventana de opinión, para decirles a los candidatos que la agenda educativa de este país no solo es abundante, sino apremiante. A continuación, les entrego algunos datos que validan la reciente afirmación: en materia académica y de organización escolar, la última ley importante que se ha tramitado en el Congreso de Colombia fue hace 28 años, la Ley 11 de 1994; el plan de estudios que se encuentra vigente en Colombia tiene más de 200 años de implementación; la vocacionalidad de la educación en el país no cuenta con una ley que la ampare y que la desarrolle, estamos hablando de la pertinencia de la educación para una nación; los tres grados de formación preescolar en Colombia fueron aprobados desde 1994, 28 años después no se han implementado; la formación media técnica se encuentra a la deriva, hay quienes la llaman “mediotecnica”; aún no se logra en Colombia consensuar una norma que desarrolle las escuelas normales como primeras formadoras de maestros; hace más de 20 años ingresan a la carrera docente en Colombia profesionales en áreas diferentes a la educación, sin formación pedagógica.
Finalmente. como dice el maestro Julián de Zubiría Samper, si bien es cierto que la calidad de la educación pasa medianamente por la calidad de sus maestros, también urgen políticas públicas que posibiliten una escuela en condiciones de dignidad y eficacia, porque no solo quienes pueden pagar altos costos merecen educación de calidad, ¡los pobres de Colombia también merecen aprender!