El pasado viernes 19 de junio vivimos en todo el territorio nacional un desafortunado y lamentable hecho que no se corresponde con los importantes sacrificios y esfuerzos realizados en el marco de la política de prevención y aislamiento que ya supera los tres meses. Este será un día siniestro para la salud de muchos que apostaron su vida por un descuento del 19%. Lo lamentable de este acontecimiento es que contó con el aval del gobierno nacional, el mismo que orienta los esfuerzos por la protección y la seguridad de su pueblo.
Este infortunio preocupa significativamente como antecedente a la posibilidad que ha decretado el gobierno nacional de regresar a la escuela bajo el modelo de alternancia a partir del primero de agosto. Me asiste un gran temor de que así sea y honestamente deseo estar equivocado con mi preocupación. Sin embargo, hay dos hechos de enorme trascendencia que merecerían una intervención favorable como condiciones sine qua non para que ese anhelado retorno sea por lo menos pensable. Y los pongo a consideración del país educativo.
El primero está relacionado con los estudios oficiales que el Ministerio de Salud le envió a la honorable Corte Constitucional sobre el comportamiento epidemiológico del virus, y que constituyen la justificación de las medidas de emergencia. En ellos se plantea que hacia el 16 de agosto estaremos en el pico más alto y se pronostica una cifra de 3.600.000 infectados en Colombia y alrededor de 35.000 fallecidos. En la mañana del miércoles 24 de junio, cuando escribo esta columna, estamos en 73.572 infectados y en 2.404 fallecidos. Ya usted, amigo lector, podrá hacer un ligero cálculo del ritmo exponencial al cual crecerá el fenómeno cuando en escasos dos meses, según el Ministerio de Salud, pasaremos de setenta y tres mil a más de tres millones y medio de infectados, mientras los fallecidos pasarán de algo más de dos mil a treinta y cinco mil. En este escenario considero que es una locura absoluta el solo pensar en ese añorado regreso a clases presenciales.
El segundo elemento implica directamente la salud de los maestros. Hace muy pocos días me enteré de que el 93% de los maestros de Colombia estamos sin ARL. Solo en Atlántico y Tolima los maestros tienen contratada esta protección: una condición fundamental para la presencia de los maestros en las escuelas de Colombia incluso en tiempos de normalidad. Si al menguado, diezmado y ya pauperizado sistema de salud de los maestros le agregamos la orfandad de su ARL, resulta por lo menos una absoluta irresponsabilidad pensar en volver a la escuela.
Pienso que solo será pensable volver a la escuela hasta cuando estas dos condiciones estén garantizadas, solo entonces tendrá sentido la implementación de los protocolos que juiciosa y técnicamente ha elaborado el Ministerio de Educación Nacional y que ha puesto en conocimiento por medio de la Directiva Ministerial No. 14; no quiero otro viernes 19 en las escuelas de Colombia, los maestros estamos haciendo el mejor esfuerzo por viabilizar la escuela en casa, y a pesar de tantas dificultades y restricciones hemos logrado superar el examen, en algunos casos con nota sobresaliente.
Considero entonces que es más apremiante fortalecer las condiciones de conectividad de los hogares de Colombia sin ahorrar esfuerzo alguno por disminuir las brechas que han limitado bastante la posibilidad de hacer escuela en casa y que aumentan las brechas de pobreza e inequidad.
¡Vamos a la escuela vamos sin tardar, pero a ella vamos con seguridad!