Desde hace ocho años Colombia decretó la gratuidad universal de la educación preescolar, básica y media en el sector oficial. Antes de ese acontecimiento, las familias contribuían con unos costos educativos que se liquidaban de acuerdo con sus capacidades, que en todo caso eran mínimos. A partir de 2010 quedó prohibido cobrar costo alguno por los estudiantes en los colegios oficiales del país y el gobierno central se comprometió a girar anualmente a los fondos de servicios educativos, los recursos de gratuidad que se liquidan de acuerdo con la matrícula atendida. Tales recursos deben ser gastados en rubros de funcionamiento taxativamente definidos en normas que para tal fin emitió el alto gobierno. Hasta ahí se podría decir que ha habido un buen avance en ese camino progresista de amparar la gratuidad universal de la educación como política de Estado que, dicho sea de paso, es una característica propia de sociedades avanzadas con alto sentido de responsabilidad política. Pero ¿qué ha sucedido?
1. Desde que se decretó la gratuidad de la educación, se definieron las tarifas que la hacienda pública transferiría a los fondos de servicios educativos, las cuales han sido arbitrarias y deficitarias. Arbitrarias porque no responden a un estudio de costos responsable: nadie sabe, ni siquiera el mismo Ministerio, cuáles son los argumentos razonables que han dado lugar a esas cifras; y deficitarias porque en promedio estos recursos se transfieren a razón de $100 mil por estudiante cada año, o lo que es lo mismo, una mensualidad de $10 mil, cifra que a todas luces es irrisoria.
2. Un principio fundamental de la ejecución presupuestal en la hacienda pública es la planeación. Pareciera que el alto gobierno está exento de este precepto legal, porque los escasos y deficitarios recursos son girados cada año en forma extemporánea, nunca se sabe cómo van a ser recibidos los montos ni mucho menos los tiempos; este año, por ejemplo, finalizado ya abril, no se han girado dichos recursos para una vigencia que empezó desde enero, y esto ha llevado a muchas instituciones del país a estar en condiciones de emergencia educativa.
3. Como si lo anterior fuera poco, para este año el Departamento Nacional de Planeación definió, en el documento SGP-28-2018, una disminución general en los montos para transferir que está por los niveles del 20 al 25%, lo cual es una pésima noticia para el sector educativo. Pero me parece aún más grave la razón con la cual el propio documento justifica la medida, porque si se giran los recursos en la misma proporción de años anteriores, se afectaría la reserva para la cancelación de la nómina.
En materia educativa esta administración no podría terminar peor: recursos insuficientes, promesas incumplidas y desfinanciación de programas. Un asunto de alta importancia para el gobierno central como la jornada única, se disminuyó para este año en un 50% sin explicación alguna; las instituciones educativas que adoptaron este programa debieron recibir desde hace tres años unos recursos adicionales por transferencia de gratuidad y nunca llegaron. Los avances en conectividad, que ha sido motivo de vanagloria, son una falacia: basta solo con saber que transcurrido más del primer trimestre del año lectivo no se normaliza el servicio de internet en las instituciones educativas.
Vale la pena recordar que la educación fue una de las locomotoras del progreso en el primer cuatrienio del actual gobierno, mientras que en este periodo que termina fue asumida como el gran propósito nacional: “ser la nación más educada de América Latina en 2025”.
¡Qué desaliento producen estas realidades! ¡Qué tristeza saber que nuevamente el gobierno central se burla del país educativo y demuestra con hechos que poco le importa la formación de su pueblo! Ante esta cruda realidad otra vez me pregunto: ¿Qué pasa con la educación que periodo tras periodo pasa de ser la reina de las campañas a convertirse en la cenicienta del poder? No olvidemos que así ha sido históricamente, y este gobierno lo ratifica. Así las cosas, considero que tenemos buena parte de la responsabilidad porque somos quienes elegimos. Ojalá en 2022 esta historia cambie y no tengamos que estar asumiendo nuestros propios juicios. El país educativo tiene la palabra este próximo 27 de mayo.