Con nuestro equipo construyendo la propuesta que denominamos “Proyecto País, un estado de bienestar para el buen vivir”, enmarcado en tres valores fundamentales: orden, respeto y libertad, como plataforma para la precandidatura presidencial, llegamos a la conclusión que el elemento central es la “transparencia” y que era necesario llevarla a una frase, de allí salió “Esto se arregla si nadie roba”. Estoy convencido que es el único camino para lograr una transformación real de nuestra sociedad y lograr el desarrollo. Por este tiempo cuando se avecina una contienda electoral muchos de quienes se quieren elegir o reelegir, estarán recogiendo los frutos de sus maquinarias, influencias, contratistas y empresarios favorecidos o por favorecer, para garantizar la multimillonaria financiación de sus campañas a cámara, senado y presidencia. Una de las claves para tener éxito en la política colombiana es la habilidad que se tenga para lograr la captura del estado, sus entidades y empresas, creando grandes estructuras electorales basadas en burocracia y en el inmenso poder económico ilícito derivado de la intermediación de la contratación estatal, para lograr escalar y permanecer en el poder. El escándalo de Odebrecht puede ser el más emblemático, el gobernador que con el direccionamiento del monopolio rentístico de chance y licores consigue su jubilación y la de varias generaciones, el alcalde que por tercerizar un servicio hace lo propio, etcétera. El problema también afecta la rama judicial, basta detenerse en la magnitud del escandalo del Cartel de la Toga. Agreguemos a este escenario 250.000 hectáreas de coca, 1.300 toneladas de clorhidrato de cocaína al año y unos US$20.000 millones de dólares producto del narco tráfico.

Por eso he propuesto un “Bloque de Búsqueda del Enriquecimiento Ilícito” que se encargue de investigar el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores que tenemos cargos de responsabilidad publica y que por supuesto empiecen conmigo. Es decir, el Bloque de Búsqueda investigará de manera permanente entre otros: al presidente de la república, congresistas, ministros y vice ministros, magistrados, gobernadores, alcaldes, directores y gerentes de entidades públicas del orden nacional, regional y local. Con una clara estructura de beneficios y contraprestaciones que facilite y promueva la delación de ciudadanos, contratistas, empresarios y testaferros.  Funcionarios condenados irán a cárceles alejadas de centros urbanos y no tendrán derecho a rebajas de penas.  El objetivo es lograr la ruptura de los esquemas culturales de naturalización social y política de la corrupción. Por eso la propuesta va acompañada de una agresiva campaña educativa en colegios, universidades, empresas, redes sociales y medios de comunicación sobre ética pública y la prevalencia de los intereses de la sociedad sobre los individuales.   

Revisando el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 92 y Singapur el puesto 3 después de Suiza y Nueva Zelanda. Singapur un pequeño país tropical del sureste asiático que en los años 60 era un empobrecido puerto, centro de contrabando y narcotráfico con un PIB per cápita de apenas 500 dólares, hoy es cuarto en el ranking mundial con un PIB per cápita de más de $65.000 dólares, líder mundial en competitividad y ejemplo en civismo.  Lee Kuan Yeu fue elegido primer ministro y se comprometió con un programa de reformas para sacar a Singapur del “pozo negro de la degradación y la miseria”, cuyo eje principal es la ética pública. El primer elemento fue la creación de la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (BCI) donde a cada funcionario público le es revisado al milímetro su patrimonio, el de sus familiares y hasta sus amigos y los culpables de recibir pequeños sobornos pagan penas de 7 años de cárcel y $70.000 dólares de multa y pierden su jubilación y el derecho a trabajar con el estado. Fueron enviados a la cárcel ministros, gerentes, empresarios, líderes sindicales y periodistas que hacían negocios indebidos con el gobierno. El segundo la presunción de culpabilidad donde los funcionarios y ex funcionarios tienen que probar el origen licito de sus bienes. La tercera estrategia es la profesionalización y rotación del servicio público y la cuarta la eliminación de normas burocráticas que hacen de este país no solo el más competitivo para la inversión sino uno de los gobiernos más eficientes del mundo. Singapur empezó en 1965 su transformación, 25 años después empezó a ser líder en Índices de Desarrollo Humano. Colombia podría lograr ese milagro en mucho menos tiempo, pero hay que empezar ya. 

Esta propuesta es el eje central de lo que sería mi programa de gobierno. Tengo la  determinación, el carácter y la  firmeza para sacar adelante este desafío que en principio no le llamará la atención a la clase política, probablemente tampoco al establecimiento y a algunos grupos de poder que se benefician de las cosas como están; pero estoy seguro que si le interesa a los ciudadanos dueños de los 40 o 50 billones que se supone, se pierden al año por corrupción en Colombia y que tienen que padecer un efecto aún más costoso y grave, que es vivir en un país en vías de desarrollo, donde la impunidad y la ausencia de justicia están a la orden del día. Sería un gran acuerdo con la ciudadanía convencida de que “esto se arregla si nadie roba”.