Todo el mundo está de acuerdo: La pandemia ha generado una crisis económica generalizada la cual se extenderá por mucho tiempo, y no solo en nuestro país, que ha sido siempre, sin comprender por qué, una nación de recursos financieros limitadísimos. Al inicio del mandato del presidente Belisario Betancur en 1982, pidió al pueblo colombiano comprendiera el no incremento de salarios a la sazón ante las graves dificultades financieras de la época, pero sin que, a hoy, a pesar de todos los esfuerzos y sacrificios de la nación, haya cambiado mucho el panorama.
No hay forma o manera distinta para solucionar de modo más fácil los problemas macroeconómicos, como en tantas oportunidades ha ocurrido, y seguirá ocurriendo, que los gobiernos acudan, a pesar de las promesas electorales en contrario, a las casi permanentes e impopulares reformas tributarias, las que en lugar de acercar a la comunidad al equilibrio social, se le aleja de esa línea media, haciéndola cada vez más necesitada, y que la obliga, para satisfacer la fiscalidad estatal, a recurrir a créditos para solventar el déficit en que la mantiene, al tiempo que se laceran tantos derechos, especialmente laborales, incluidos la ya limitación a las pensiones de jubilación o vejez, y la desaparición del tiempo extra laboral.
Como mecanismo de persuasión, se busca una vez más sacudir a la población para que despierte por enésima vez su sentido de solidaridad para con sus congéneres y con el Estado mismo, ante el ya tradicional abuso o apoderamiento inconmensurable de los recursos públicos, y donde las reformas tributarias muy pocas veces se traducen en una verdadera deuda social que a futuro beneficie directa y efectivamente el bienestar y la tranquilidad de la colectividad; claro, también existen los que, teniendo la obligación de ser solidarios, hacen que se pierdan pingües recursos estatales como cuando se evade o apropian del IVA al evitar que se extiendan las respectivas facturas, que es otra forma de corrupción.
Se busca convencer a la comunidad, y la misma cree, generando una especie de rivalidad o prevención, que salarios y pensiones que superan la media, es una dádiva o regalo a los beneficiarios, cuando todo ello es producto a largos años de estudios y experiencia, no siempre bien reconocidos, y a las responsabilidades que se adquieren, y también al ahorro extendido en el caso de las pensiones.
Pero la reforma tributaria a través de la cual se busca solucionar el déficit obteniendo billones de pesos, ¿a dónde irá todo ese dineral?; ¿acaso se le rinde cuenta al país de los gastos e inversiones producto de esos ingresos forzados de cada reforma fiscal?
En el nuevo proyecto de reforma tributaria, la primera norma debería ser el castigo severo para quienes se apropian de los dineros del Estado, que son los de todos los colombianos, que contenga penas de prisión altísimas sin ningún tipo de beneficios carcelarios y con pena accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas de por vida, pero ello no acontece, convirtiéndose cada reforma en una nueva oportunidad para los saqueadores del erario.
Las normas tributarias tienen como finalidad la equidad y la justicia (art. 363 de la Constitución y 683 del Estatuto Tributario), y en muchos casos las reformas fiscales parecen ir en contravía de esos postulados; pero hoy más que nunca debemos entender que nos hallamos en un momento de gran excepcionalidad, cuya normalidad debemos recuperar a la mayor brevedad posible, pero con verdadero apego a aquellos principios que rigen el sistema económico público.