Venimos dando tumbos en la añorada paz, la misma que está hoy enrarecida en muchas partes del mundo ante determinaciones de los gobiernos frente a las agobiadas comunidades locales, adoptadas por quienes parecen no interpretar el querer popular o el mandato ciudadano, a cuyos representantes se les elige con la próxima o remota esperanza de que mejoren los niveles de progreso y condiciones de vida de los asociados, derecho éste que, por naturaleza, es exigible de los gobernantes. 
Es extraño ver movimientos sociales masivos en países que tienen bajísimos o nulos índices de corrupción o indeseables prácticas políticas; sin embargo, nótese cómo en Francia, abanderado de los derechos humanos, ha sido igualmente afectado por la ira ciudadana, propiciada a raíz de decisiones, generalmente de tipo económico, como ahora en Chile y Ecuador, para citar solo dos repúblicas latinoamericanas, donde sus presidentes han debido revocar o morigerar sus posiciones, pero después de producidos inconmensurables daños sociales, institucionales y particulares, a veces irreparables.
Las múltiples e inmensas manifestaciones que siguen originando difíciles problemas de orden público no son siempre producto de la insensatez ciudadana, sino reacción a actuaciones impopulares estatales, muchas de ellas surgidas de la inequidad y de los males que se han entronizado o tolerado en los organismos oficiales, tales como los excesos de poder, el tráfico de influencias, el peculado, etc., etc. y muchos etcéteras más, todo lo cual está sobre diagnosticado.
Esas comunidades reclamantes, amorfas y espontáneas, carecen de otra manera de manifestarse, distinta al voto, para pedir, o mejor, exigir soluciones a problemáticas sociales, pues muchos de sus representantes resultan comprometidos con los gajes del poder y/o, en su caso, frente a quienes subvencionan su elección. Algunas elecciones locales pueden tener también esos componentes, ya no de la envergadura que tienen las nacionales, pero en todos los casos con efectos nefastos para la institucionalidad.
Ahora; ¿Cuántos de los aspirantes a cuerpos colegiados, alcaldías e incluso gobernaciones, para solo aludir a los territorios locales, tienen la formación suficiente en organización y funcionamiento de la Administración pública, para ejercer debidamente sus funciones?
Siempre se quiso que la ESAP fuera la Universidad del Estado, quizás a la manera del Instituto Nacional de Administración Pública “INAP”, en España, o de l’École Nationale d’Administration “ENA”, en Francia, y no obstante los esfuerzos de dicha institución, no ha podido alcanzar el grandor esperado para la formación de quienes deben ser los llamados a regir los destinos públicos. En ese orden, y en términos muy generales, aquellos adolecen de la ausencia o falta de conocimientos en Constitución Política y en las leyes que rigen sus territorios; en cuáles son los deberes y responsabilidades en asuntos de administración pública; de cuáles son las causales de impedimentos y las prohibiciones en el ejercicio de la delicada función; sobre los delitos contra la administración pública, y de régimen disciplinario, pero muy especialmente sobre ética pública.
Hace muchos años en esta misma tribuna proponía como requisito obligatorio para aspirar a un cargo de elección popular, y en general para el acceso a un empleo en el sector público, acreditar formación en nuestra Escuela Superior de Administración Pública, en los temas de Estado, incluso también para quienes buscan contratar con el Estado, para buscar garantizar la eficiencia y pulcritud en la gestión pública. Hoy en esa materia estamos como en grave déficit.
El voto no es solo un derecho, es también un ‘deber’ ciudadano. Tenemos el derecho a participar y decidir en las elecciones, pero así mismo el deber de escoger el destino de nuestra sociedad, y de esta misma manera poder coadyuvar al fortalecimiento de nuestra democracia.