El país viene sacudiéndose muy lenta pero firmemente del caos, la corrupción y el desgreño. Colombia poco a poco va haciendo conciencia de su propia responsabilidad colectiva, aunque existen inmensos sectores poblacionales que, por su condición económica, social o cultural sucumben a los halagos individuales del clientelismo y el delito.
Quienes hemos confiado y seguimos confiando en la empresa pública y en el servicio oficial, ojalá sin injerencias -hoy algo iluso pero no imposible-, continuamos lamentado la enajenación que se ha hecho de muchos bienes y servicios del Estado en detrimento de la misma sociedad y en favor de un sistema plutocrático que, por la sinrazón de los responsables de la cosa pública, se aprovecharon del esfuerzo correcto de quienes otrora construyeron fervorosamente unas instituciones que le dieron lustre a nuestra organización social, pero la crisis de valores y la forma de encaminar el Estado dieron al traste con ello.
Fue una necesidad de los Estados occidentales la creación de entidades que pudieran ser competencia para el sector empresarial privado, y de esta manera regular el mercado. Así aconteció con la creación de entidades financieras oficiales (Bancos Cafetero, Central Hipotecario, Popular y la antigua Caja Agraria, para citar algunos); empresas de licores departamentales (que por fortuna, las que sobreviven, siguen siendo públicas); o en el sector de la seguridad social, que prestaba no solo servicios de salud sino también de pensiones, como ocurría con el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión Social; o empresas de energía eléctrica y de gas; de telecomunicaciones como “Telecom”; o empresas de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (basuras que dejan abundantes ganancias a quienes las explotan), etc., etc.; pero que la desorganización, la falta de modernización y la influencia político-burocrática sobre los mismos las llevó, en algunos casos, a su reestructuración cuando no a su liquidación o eliminación, o a la venta total o parcial. Todos esos servicios hoy los debe comparar el Estado, o es su deudor, cuando debería estar sucediendo todo lo contrario. La atención a un modelo económico según el cual esos renglones no tenía por qué prestarlos el Estado, llevó a salir paulatinamente de ellos, y también con argumentos tales como el saneamiento de las finanzas públicas (muchas veces por manejos non sanctos), o para inversión estatal, con las consecuencias adversas que actualmente se tienen, y sin que se haya cumplido estrictamente con lo establecido en el artículo 60 de la Constitución.
Pero a ello se suma también la ausencia o falta de talla moral o política para afrontar situaciones negativas de interés público. Se recuerdan episodios, que por mínimos que fueran y pudieran afectar el nombre o la credibilidad en las instituciones de cualquier nivel, los responsables dimitían, o simplemente les era solicitada la renuncia. Hay escándalos por doquier, y las cabezas siguen gozando de los favores que el servicio público les otorga, es decir, no asumen responsabilidad política, y los sacrificados parecen ser hoy los más débiles de la cadena. Hago solo memoria de la pérdida de mar territorial en el mar Caribe, cuando políticamente nada aconteció.
La Fiscalía General parece que viene dando tumbos hace varios años, y ni siquiera se ocurre algún tipo de reestructuración como ha ocurrido con tantos servicios o entidades del Estado. No me he podido convencer que se direccione la elección de un servidor de esa magnitud para ponerlo al servicio de intereses propios o cercanos; pero lo que sí es cierto es que esa injerencia pone en entredicho la tarea imparcial que debe cumplir el elegido o nombrado.
Si procuramos un nuevo “Contrato social”, que es el mismo que se plasma en una Constitución, deberá contener con respecto a la organización estatal, si queremos mejorar, que no haya absolutamente ningún tipo de influencia o injerencia de un poder sobre el otro, so pena de perder la investidura o la dignidad que se ocupa, con lo cual se garantizaría no solo la verdadera independencia y transparencia de la entidad. En este orden, el Fiscal debe tener exclusivo origen en la rama judicial, estableciendo igualmente que sus nominadores queden al margen de cualquier favor institucional que aquel pudiera dispensar.