Si se examina la historia reciente de las altas Cortes de Justicia colombiana (Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Superior de la Judicatura en su antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria), desde el año de 1991, cuando el Constituyente impuso el período de 8 años para sus magistrados sustituyendo así su permanencia vitalicia (hasta la edad de retiro forzoso), quizás por ello algunos al vencimiento de su respectivo período, o incluso antes, han encaminado luego su futuro laboral en lides políticas o administrativas, así como otros han ido al litigio o a la asesoría, quizás por carecer, por su temprana edad, del derecho consolidado o próximo a la pensión de jubilación o vejez. Ninguno de esos altos tribunales ha escapado a ello.
Solo por vía de ejemplo, y me excusan a los que no puedo citar, el emblemático Dr. Carlos Gaviria Díaz, hombre académico por excelencia, pero muy circunscrito al Departamento de Antioquia, surgió en todo su esplendor después de haber sido magistrado de la Corte Constitucional, quien luego decidió lanzarse al Congreso de la República y a una aspiración presidencial. Seguramente que sin la oportunidad que le dio dicho tribunal de haberse dado a conocer por el país, seguramente ninguna de las dos opciones le hubiese podido prosperar. El Dr. Eduardo Cifuentes, otro magistrado de la misma Corte, trascendió posteriormente a la Defensoría del Pueblo, así como el Dr. Eduardo Montealegre aterrizó, ex post, en la Fiscalía General.
La doctora Ruth Stella Correa y el Dr. Enrique Gil Botero, magistrados del Consejo de Estado, ambos hicieron tránsito de esta alta corporación a ser ministos de Justicia. La primera había sido previamente también magistrada auxiliar de la misma alta corporación, y el Dr. Gil un destacado abogado litigante, especialmente en el Departamento de Antioquia, y quien mantiene vivas sus aspiraciones a otros cargos estatales. El exconsejero de Estado, Dr. Alejandro Ordóñez, vencido su período en el Consejo de Estado, se hizo poco después procurador General de la Nación. Es probable que tales juristas tampoco hubieran encontrado sin haber estado allí, la posibilidad de estar en esos altos cargos. El Dr. Marco Velilla, consejero de Estado, se postuló luego, sin éxito, a la Fiscalía General, y sigue así mismo con nuevas aspiraciones. El Dr. Alberto Yepes Barreiro, quien hasta hace poco fue magistrado de la sección de Asuntos Electorales (Sección Quinta) del Consejo de Estado, tiene hoy serias aspiraciones a ser el próximo procurador General de la Nación. La Sala Disciplinaria de la judicatura tampoco ha sido ajena a que alguno de sus miembros haya incursionado luego en lides políticas o administrativas de renombre.
A la doctora Margarita Cabello Blanco la conocí en Barcelona hace ya varios años siendo magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, a la que entonces identifiqué además de su compromiso para con la justicia, por su inteligencia y liderazgo. Para mí fue una enorme sorpresa cuando la vi incursionar en su aspiración a la Fiscalía General de la Nación sin lograr su cometido, pero sin resignar su aspiración a ocupar un alto cargo del Estado. Fue elegida poco después magistrada de la Corte Suprema de Justicia de donde saltó, sin culminar su período de 8 años, a ser también ministra de Justicia, y ahora, por lo que dicen los entendidos, muy firme candidata a suceder al Dr. Fernando Carrillo en la Procuraduría General.
Demos por sentado que todos los personajes hacen gala de una gran inteligencia, muy buena formación académica y derroche de sabiduría para estar en todas esas dignidades del Estado, lo que sí dudo es que, en nuestro querido país, tales condiciones sean suficientes, por sí solas y en todos los casos, para encontrar satisfacción a esas noveles aspiraciones donde priman las decisiones políticas…