Augusto Morales

Es verdaderamente curioso todo lo que nos pasa en Colombia, que uno no sabe si reír o llorar. Una auténtica “tragicomedia”, seguramente inimaginable o imprevisible para el más brillante o avezado de los novelistas. Nuestro país, la bella “Locombia”, como lo han llamado y llaman algunos, a no dudarlo, serviría como una de las más famosas escuelas para la formación de los actuales y futuros escritores, acerca de un aparente mundo ficticio, pero donde todo no es solo posible, sino una palpable realidad. Sobre el punto, mencionemos solo la infructuosa búsqueda de una prueba por un tribunal de justicia, la que curiosamente aparece un día después en otro órgano también judicial y una vez renuncia su más alto vocero investigador del Estado.
Para hacerle honor al título de este artículo, empecemos por entender y aceptar que a nuestra estructura estatal se le incorporó, transitoriamente (hasta por 20 años), otra jurisdicción (Especial para la Paz) y un órgano que la ejercerá, originados en el acuerdo de paz, los que sin hacer parte de la rama judicial tienen, sin embargo, están regidos por idénticos principios o cualidades de los demás órganos de la justicia tradicional colombiana: autonomía, independencia, eficacia, publicidad, transparencia, imparcialidad, debido proceso, defensa, doble instancia, presunción de inocencia, favorabilidad, etc., y con capacidad para proferir providencias obligatorias.
Si creemos, confiamos y respetamos que estamos en un “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1º de la Constitución), es decir, gobernados por normas jurídicas, debemos entender y atender dicha jurisdicción con consideración, acatamiento, obediencia, y sus decisiones no tendrían por qué producir crisis institucionales. Aceptado esto, propio de los países avanzados en cultura política, se convierte en un deber y una obligación ciudadana; de lo contrario, tendríamos que admitir que nos hallaríamos en los comienzos de la formación del Estado, que somos incivilizados, que solo contamos con estructuras jurídicas teóricas o de papel.
Ahora bien; cuando debe adoptarse una decisión colegiada (por mayoría de los miembros de un órgano como el Congreso de la República, una Asamblea o una junta o Consejo Directivo), lo que cobija también a las corporaciones de justicia (Altas Cortes, Tribunales), las mismas deben aceptarse y acatarse; de lo contrario se llegaría al caos, al desbarajuste institucional. Suena hasta gracioso en un Estado de Derecho pregonar que no se comparte una sentencia pero que se acata, lo cual no tiene efecto distinto que una sobreviniente deslegitimación de ese Estado -lo que no acontece con ninguna otra actuación de autoridad-, y peor aún sería motivar a su desconocimiento o desobedecimiento.
En el caso Santrich hubo 3 votos en contra de la extradición y 2 a favor. ¿Quién tuvo la razón? Supongamos que la posición minoritaria; pero la mayoría, por democracia e institucionalidad, es la llamada a ser acatada por todos. Pero igualmente supóngase que al resolverse el recurso de apelación -con el mismo expediente y pruebas- también por la mínima mayoría se revoca el proveído de primera instancia; al final de cuentas, ¿quién tendrá la razón? Es lo que a diario sucede en los tribunales de justicia, y cualquiera sea la decisión, la misma debe acatarse con respeto, y en caso de desacuerdo con ella, el camino es atacarla o recurrirla por los causes previstos en la ley. Cuando se utilizan presiones sobre estas providencias, se está ejerciendo una indebida influencia sobre los operadores jurídicos, y la confianza legítima de la comunidad empieza a sufrir menoscabo.
Y si también por una mínima mayoría se confirmara la decisión apelada, ¿qué acontecería? ¿habría la misma polémica? ¿Y si lo propio sucediera con la prueba aparecida?
Todos debemos tener la calma y la prudencia necesarias frente a tal tipo de decisiones; pero sobre todo el valor de aceptar humildemente la forma como está organizado el Estado, así a todos no guste, pero son las reglas de juego que ha establecido el pueblo colombiano para lograr la democracia deseada.
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