El Tribunal Administrativo del Quindío tumbó, esta semana, un acuerdo municipal del Concejo de Salento y así permitir la megaminería aurífera en esa hermosa región. Este municipio alberga al Valle del Cocora, reserva ambiental y hogar de la palma de cera, nuestro árbol nacional, y hábitat del loro orejiamarillo, especie amenazada por la destrucción de su espacio y su explotación para el comercio. También hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, lo que quiere decir que sus paisajes fueron declarados Patrimonios Históricos de la Humanidad por la Unesco.
Si bien la ganadería y el turismo se han vuelto tan depredadores como la trucha arcoíris que allí se cría, no se equipara a lo que sucedería en Salento si meten máquinas para tumbar sus bosques, dragar sus ríos y perforar sus montañas.
Pero no es culpa del Tribunal. Este se limitó a acatar la sentencia SU095 de 2018 de la Corte Constitucional que advierte que es el Gobierno Central el encargado de la política minero-energética. O sea, potestad del presidente Iván Duque, sus ministros, los congresistas y, por supuesto, los lobistas. Y ya sabemos de lo que son capaces en estas esferas.
En 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la resolución 2090 hizo cambios en los límites de los páramos. A Santurbán, según el Instituto Humboldt, le quitaron 30 mil hectáreas de páramo, curiosamente un número similar a lo concesionado en títulos mineros, de acuerdo a lo reportado por Semana Sostenible hace un mes (https://bit.ly/2VrEppQ). Unos terrenos ricos en fuentes hídricas que, de contaminarse, afectaría la cantidad y calidad del agua que consumen cerca de 2 millones de habitantes de Bucaramanga y sus alrededores.
Esto último, sin embargo, no ha sido obstáculo para que la compañía minera Minesa tenga a sus alfiles moviendo fichas para hacerse a una de las regiones con más oro de Colombia.
Santurbán, Salento… próximamente fracking para extraer hidrocarburos en otras regiones, a pesar de que, como candidato, Duque prometió no implementar este método. Pero esas son las bases del Plan Nacional de Desarrollo de este presidente sin brújula o palabra.
Y esa falta de norte, de compromiso, de este Gobierno les abre la puerta a los oportunistas, a los enredadores, a los egoístas, a los politiqueros, al cabildeo, a las empresas interesadas en dividendos y no en el bienestar colectivo. Entonces, al ir sin rumbo, es cuando suceden cosas que van contra toda lógica, pero favorecen intereses oscuros. Como ascender a un general investigado por asesinatos extrajudiciales. O darle investidura de congresista a Jesús Santrich, a pesar de estar en un proceso por narcotráfico. O revivir métodos militares que traerían de regreso los falsos positivos. O no frenar la explotación de asbesto. O que regrese la censura a los medios de comunicación.
O permitir la minería en santuarios de flora y fauna.