En medio de los cientos de imágenes que se divulgaron en medios de comunicación y redes sociales sobre las marchas del 28 de abril, hay una en la que se ve una bandera colombiana ondeando al revés. De acuerdo con la vexiología una bandera en esta posición puede representar el desprecio a un país. También la rendición de una nación a una fuerza extranjera o que quien la izó informa que está secuestrado o sometido por alguien.
Tal vez fue el viento la que la puso así, enredada en el asta e invertida, pero simboliza el estado actual de Colombia: una nación hastiada de su Gobierno y secuestrada por un poder sordo al clamor de su gente. Ese miércoles, cientos de miles de colombianos salieron a las calles para protestar en contra de una reforma tributaria que pretende saquear los bolsillos de una clase media cada vez más empobrecida (según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Cepal-, la pobreza en nuestro país pasó del 31,7% al 38,7% en un año). Mientras tanto, el presidente Iván Duque celebraba el primer año de Colombia en la Organización de Cooperación y Desarrollo – Ocde-, ente que promueve políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.
Ese mismo día, mientras se protestaba por la desigualdad y de cómo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pretende recoger $23,4 billones apretando a los trabajadores (del IVA se recaudarían $10,5 billones y $16,8 billones de los impuestos a personas naturales, mientras que las personas jurídicas - entiéndase instituciones y empresas - sólo aportarían $3 billones), había indignación porque la abogada Natalia Bedoya, una influenciadora cercana al partido de gobierno (el Centro Democrático), tiene ingresos por $20 millones 233 mil mensuales gracias a sus contratos con el Estado. Una millonada por citar a tres o cuatro reuniones con el “misterio de justita” (sic) y el “misterio de interior” (sic).
Bedoya asegura que ese dinero se justifica en que tiene un posgrado y cursa una maestría; que por ello lo merece. Tal vez es cierto, pero también choca contra la realidad laboral que hay ahí afuera: en este momento una institución bogotana busca un docente con maestría en ingeniería y posgrado adelantado para que trabaje tiempo completo por $2 millones mensuales. Esa Unidad de Valor Natalia Bedoya - UVNB*, tan variable y subjetiva, parece ser la misma que usa Carrasquilla para asegurar que una docena de huevos cuesta $1.800, o la que lleva al presidente Duque a decir que un panadero gana $2 millones mensuales.
La Colombia que protesta en las calles a pesar del Covid-19 y las alarmas por falta de oxígeno y camas en las UCI es la que está cansada de responder por el desangre de la corrupción estatal. La que debe pagar por los multimillonarios desastres de Chirajara, Reficar o Hidroituango. La que debe exponerse a contagiarse para ganarse el diario, mientras los congresistas sesionan tomando trago desde sus casas (ahí están los videos de Armando Benedetti, Paloma Valencia e Iván Name). O desde Miami, porque allá sí se pueden reunir y no en el Congreso.
Duque y su gabinete están desconectados del país que dicen gobernar. Administran una Colombia irreal cuyo balance financiero sí da para gastar $14 billones en aviones de guerra y presupuesto militar, pero empobrecido para invertir en salud, educación y ayudas económicas a los golpeados por la recesión que trajo la pandemia.
Entonces que ondee la bandera invertida para anunciarle al mundo que estamos en emergencia y secuestrados por un gobierno de ineptos.
*Gracias al cirujano Fernando Álvarez por el término.
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