Por estos días al ministro de Defensa Diego Molano y al presidente Iván Duque se les llena la boca hablando del “honor y el servicio” del Ejército, buscando defender lo indefendible: el ataque de militares a la comunidad del Alto Remanso (Putumayo), que dejó once muertos; y la clara intervención en política del general Eduardo Zapateiro Altamiranda, yendo en contra del artículo 219 de la Constitución. 
 Además, el apoyo a las Fuerzas Armadas llegó en momentos en que diez uniformados en retiro reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP que, entre el 2007 y 2008, cometieron asesinatos extrajudiciales. Mataron a personas inocentes para satisfacer las exigencias de “litros de sangre” del entonces comandante de las FF.AA., general Mario Montoya, y cumplir con las cifras pedidas por el gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática.
 El Estado colombiano lleva más de un siglo justificando sus malas directrices militares. Decisiones que desdibujaron la misión del Ejército Nacional que pasó de “defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación”, a ser esa “fuerza letal de combate que entra a matar”, como tanto lo deseó la senadora uribista María Fernanda Cabal.
 Iván Duque, por ejemplo, insiste en que esto de los “falsos positivos” fueron “conductas individuales”, pero si algo queda claro en los testimonios que los exmilitares dieron esta semana ante la JEP es que seguían órdenes de superiores. “Presión de unos falsos resultados por tener contento a un Gobierno”, declaró el cabo Néstor Guillermo Gutiérrez. 
 Fueron asesinatos sistemáticos y metódicos que comenzaban engañando a jóvenes y campesinos para después trasladarlos a otras regiones del país y finalmente matarlos y hacerlos pasar por guerrilleros. Entonces el gobierno justificaba sus muertos ante los reclamos de las familias de las víctimas: “no estarían recogiendo café”, dijo el presidente Uribe sobre esos muchachos ejecutados y exhibidos con las botas al revés. 
 Los mataban a cambio de días libres y bonificaciones, como al parecer habría sucedido hace unas semanas en la masacre en Alto Remanso, según dio a entender la congresista María José Pizarro, durante el intento de moción de censura al ministro Molano. Pero este también justificó el operativo y los muertos. Los llamó “narcococaleros” y aseguró que la comunidad no estaba haciendo un bazar para recoger fondos para mejorar el acceso a esa vereda del Putumayo (labor que debería hacer el Estado) sino que “era una reunión criminal”.  
 No sorprende. Molano había llamado “máquinas de guerra” a los cuatro menores de edad que murieron en un bombardeo militar en el Guaviare. Y su antecesor, Guillermo Botero, justificó el asesinato de líderes sociales como cosas de “líos de faldas”. Y la “perfecta” Operación Jaque, dirigida por el entonces mindefensa Juan Manuel Santos, violó el Derecho Internacional Humanitario. Y “Aquí, defendiendo la democracia, maestro”, afirmó en 1985 el coronel Plazas Vega tras el cañonazo de un tanque Cascabel que abrió un boquete en la fachada del Palacio de Justicia en ese operativo de retoma que dejó 94 muertos y once desaparecidos. Y el presidente Turbay justificó las torturas y desapariciones de civiles en las caballerizas de Usaquén, diciendo que el único prisionero político en Colombia era él. Y la Ley Heróica de 1928 justificó la Masacre de las Bananeras y la Ley 61 de 1888 (Ley de los Caballos) permitió que el presidente Núñez justificara la censura y los abusos militares a los opositores. Y así nos la hemos pasado justificando el todo vale.
 No importa que quienes ejecutaron estas atrocidades, en este caso los militares, acepten su responsabilidad si la justicia no alcanza a los verdaderos responsables: a los ministros y presidentes. Y a los terratenientes que se benefician con el desplazamiento de campesinos que huyen de la guerra. Y los privados que financian políticos y se lucran del conflicto. Mientras esto no cambie seguiremos, siglo tras siglo, en una cadena de justificaciones engrasada con muertos.