Mientras otras naciones buscan desarmarse (Australia prohibió el porte de armas de fuego en 1997 y disminuyó los asesinatos por esta vía en 42%), aquí hay un grupo de personajes influyentes que insisten en que la solución a nuestros problemas está en llevar un fierro en la pretina, tal y como lo hacen los gringos. En su defensa por el derecho a la tenencia y porte de armas, es cierto lo que José Félix Lafaurie Rivera dijo hace una semana en las páginas de este periódico, en una columna titulada La legítima defensa: “Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes, redujo los homicidios en 49% desde 1993”.
 El dato proviene del centro de pensamiento Pew Research y se encuentra en una búsqueda rápida en Wikipedia. Sin embargo, está sepultado bajo decenas de otras encuestas y estudios realizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC, del Centro Nacional de Estadísticas para la Salud, del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, de Gallup, de Harris Interactive, de la General Social Survey, del National Crime Victimization Survey, del New England Journal of Medicine, del Harvard School of Public Health, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, de artículos de prensa de diferentes medios como el New York Times, USA Today y el Washington Post, que concluyen que la tenencia y porte de armas en los ciudadanos es un idea terrible pues incrementa la violencia social y las probabilidades de ser asesinado.
 Lo que el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos – Fedegán - omitió en su texto es que si bien la cifra de homicidios bajó en ese país, aumentaron los asesinatos con armas de fuego. O sea, dejaron de acuchillarse y darle bebidas con cianuro a personajes incómodos para encenderse a plomo.
 También es cierto lo que escribió acerca de quienes tienen armas en Colombia: “las disidencias, los elenos, las mafias, los ladrones de celulares y bicicletas y los miles de microtraficantes de barrio”. Fusiles y pistolas compradas ilegalmente en el mercado negro, por ende más costosas que las que adquiere un gringo en Walmart (desde $24 USD un rifle de aire comprimido). O las “hechizas”, fabricadas en talleres con retazos de metal y soldadura.
 Lafaurie Rivera quiere acceso a las armas sin necesidad del “‘permiso especial’ que se inventó Santos para desarmar a los que no debía”. Insiste en que, como “hombre libre”, el gobierno no le puede negar el armarse para defenderse de la “violencia desbordada” que dice que hay en Colombia (y culpa al expresidente Juan Manuel Santos de esta, cuando las cifras evidencian que es durante el gobierno de Iván Duque que la criminalidad aumentó, pero ese es otro tema).
 Seguramente quiere entrar a Carulla o al Éxito y comprar - junto al pan y los huevos - unas balas calibre 38, sin tener que recurrir a Indumil, porque “los ciudadanos de bien” (como se califica él y a quienes piensan como él) merecen andar con el dedo en el gatillo y no a merced de los “bandidos”.
 Sin embargo, un estudio del 2015 del American Journal of Preventive Medicine señala que en EE.UU. “las áreas con mayores índices de propietarios de armas de fuego incrementaron su riesgo a los ataques y asaltos a mano armada”. Las cifras de violencia por armas de fuego en Norteamérica indican que diariamente 316 personas reciben un disparo, de las cuales 106 mueren. Cinco de estas víctimas fatales son menores de edad, de los cuales tres reciben un balazo por parte de un familiar o una pistola en casa (https://bit.ly/39j7AAi). Gentes que seguramente también se consideraban “ciudadanos de bien”.
 Es probable que el ganadero de marras haya escrito la columna para complacer a su esposa, la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien radicó ante el Congreso un proyecto de ley que autorice el libre porte de armas en el país. Tal vez lo hizo con las estadísticas frías de un 2020 en pandemia, sin balaceras gringas y con una National Rifle Association promoviendo la venta de pistolas y rifles semiautomáticos en tiendas de cadena como si fueran juguetes (la venta de armas aumentó 40% para la temporada navideña), y que invierte millones de dólares en las campañas a candidatos al Senado. Lo cierto es que hoy, después de las masacres de Boulder (Colorado) y Atlanta (Georgia), siete de cada diez estadounidenses quieren endurecer las leyes de tenencia y porte de armas o, en su defecto, prohibirlas.