El Congreso colombiano es percibido, no como un recinto de leyes y honor, sino como un antro de corrupción lleno de vagos. La firma encuestadora Invamer indicó, a mediados de este año, que el desprestigio de esta institución es del 87%, el peor en las últimas dos décadas, pero bien ganado se tienen el descrédito nacional. A los ya comunes “micos” que meten en las leyes, este periodo suma el ausentismo, el caso de plagio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias; la mediocridad de personajes pusilánimes como Anatolio Hernández Lozano y, para rematar el año, la aprobación de un artículo incluido en la ley anticorrupción que establece lo siguiente: “Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”.
En otras palabras, censurar a quienes osen señalarlos. Una mordaza claramente anticonstitucional que busca que los califiquemos de corruptos, vagos, ausentes, mediocres o pusilánimes - como lo he hecho en este espacio - solo cuando tengamos pruebas suficientes o un juez establezca que lo son. Es desincentivar “la participación ciudadana y el control efectivo del poder político” a través de un artículo incluido en una ley Anticorrupción, como lo señaló Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral -MOE.
Esta semana, la periodista Catherine Juvinao publicó el informe Los vagos del Zoom en el que deja en evidencia aquellos senadores que no fueron a sesionar de manera presencial al Capitolio, por estar dedicados a otras cosas ajenas a lo que fueron elegidos para hacer. La lista - en la que está el caldense Mario Alberto Castaño - la encabeza Paola Holguín, con 138 ausencias y solo dos asistencias y, a pesar de las evidencias mostradas por Juvinao, la senadora por el Centro Democrático la acusó de falta de rigor y salió con una serie de excusas para justificar el no ir a su lugar de trabajo.
De aprobarse este artículo, la periodista - ni nadie - no podría llamarlos “vagos”. Tampoco “descarados”, “caraduras”, “parásitos” y demás epítetos que se les puede poner a estos personajes que, sin trabajar, cobran un salario de más de $30 millones al mes. Los ciudadanos no podríamos criticar o insultar a nuestros alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, presidente… forma común de desahogarse ante la inequidad e injusticias que suceden en este país.
Aprobar un artículo así, como lo hicieron 59 representantes (entre ellos tres caldenses: Félix Chica, Óscar Tulio Lizcano y Fernando Gómez), es restringir los controles a un Congreso que lleva tiempo fuera de curso. Hace rato nadie frena a la rama legislativa: ellos se autorregulan, se incrementan el sueldo a su gusto y necesidades, gastan tiempo en propuestas absurdas e innecesarias (como declarar patrimonio cultural e inmaterial el fútbol colombiano) y su único compromiso parece estar con los contratos que les dejen coimas y garanticen votos para las próximas elecciones.
Esta propuesta que pretende censurar la opinión pública surge cuando los partidos políticos se están reorganizando para las próximas elecciones. Busca que no indaguemos por quienes conformarán las listas al Congreso y nos fijemos solo en los peces gordos y no en los Lizcano, los Chica, los Gómez que son los que terminan votando las leyes. En los anatolios que son manipulados para que este país siga hundido y la corrupción siga rampante en el Senado.