En el texto llamado La guerra contra la chicha (bit.ly/2lwEXad), el historiador y concejal de Bogotá, Juan Carlos Flórez, cuenta cómo acabaron con las cerca de 800 chicherías que había en Bogotá para comienzos del siglo XX. Señala a las autoridades y las clases altas de querer acabar con el consumo de esta bebida "de indios y pobres", y usar los desmanes del 9 de abril de 1948 para acusar que eso fue culpa de una turba enchichada.
"El 2 de junio de 1948 la chicha perdió la batalla final. El gobierno de Ospina Pérez expidió el decreto 1839, firmado por sus ministros conservadores y liberales, por el que se prohibía la fabricación y expendio, en condiciones masivas, de la chicha y el guarapo", dice el artículo. Esto le facilitó al mercado a un ambicioso Mario Santo Domingo, que en 1932 compró esa cervecera fundada en 1911 por don Leo Kopp y que nosotros conocemos como Bavaria.
Fue así como el país pasó de ser un dipsómano de fermentados de maíz a uno cervecero y aguardientero.
La situación parece repetirse con el Código de Policía que entró en vigor el pasado 30 de enero. Allí, en el artículo 140, se sanciona a quienes "consuman bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente". Quien lo haga se expone a una multa de $196.720.
De este modo, la calle, las plazas y los parques - tradicionales espacios públicos para que la gente se exprese libremente - quedan vedados para los borrachitos. Según eso, se tendrán que ocultar los que acaban con sus hígados tomando pipo en el Parque Caldas y duermen la rasca en las escalas del parque Ernesto Gutiérrez. O los que prefieren sentarse en una banca en Chipre a ver titilar las luces de los pueblos vecinos acompañados de una caja de guaro, que meterse en un bar a escuchar música a todo volumen y les cobren el triple por el mismo trago. Y pienso en Pablo Rolando Arango y el licor, fuente de muchas de sus historias y personajes.
Cuando estaba en la universidad, uno de los mejores programas para hacer un fin de semana era reunirse un grupo de amigos, hablar carreta y desafiar la suerte tomando ron Jamaica sentados en un parque. Hoy, sin embargo, hasta quienes toman cerveza sin alcohol son perseguidos. Así lo denunció Juan Alejandro González, que grabó cómo unos uniformados le impusieron un comparendo pedagógico por consumir "bebidas embriagantes" (una Águila cero) en espacio público, a pesar de que él les insistía en que la etiqueta - y la misma SAB Miller lo expresó en un comunicado - dice de manera clara que no contiene alcohol. 
No importó. A los ojos de los patrulleros se estaba intoxicando en vía pública. Ahora tocará esconderse hasta para tomarse una Pony Malta. 
Miento, no todos se tienen que ocultar. El pasado fin de semana, durante la inauguración de la remozada cancha del barrio Aranjuez, el alcalde Octavio Cardona y algunos de sus acompañantes disfrutaron de una cerveza (quizá dos) mientras veían los partidos. De eso quedó una foto que circula en las redes sociales. A pesar de que ahí no hay nada malo, no hubo escándalo ni escenas bochornosas, los policías que estaban ahí debieron llamarle la atención. O el mandatario de los manizaleños abstenerse y dar ejemplo. Pero ni lo uno ni lo otro.
Igual sucede con el Carnaval de Barranquilla. Allá dieron carta blanca para pasarse por la faja el nuevo Código de Policía, pues su fiesta es música, parranda y trago en espacios públicos. Joao Herrera, alcalde de Soledad, municipio vecino a Barranquilla, se pegó al permiso y dijo esta semana en un noticiero del mediodía que para ellos no aplican esas normas "porque nosotros somos gente especial, diferente". 
El nuevo Código de Policía está pensado como una herramienta de convivencia ciudadana y de prevención, pero no se puede convertir en un instrumento draconiano que permita a los uniformados a sancionar a quien - a sus ojos - sea un potencial infractor (¡una cerveza sin alcohol!). Tampoco un documento laxo con los poderosos o para pasarse por la faja a conveniencia, como el alcalde Herrera.
Eso solo da pie a que se interprete a criterio del policía y castigue a los que no beban en los lugares donde las autoridades quieran, y se les señale a los beodos callejeros de diversos males sociales como ocurrió en su momento con los consumidores de chicha. El artículo 140, como van las cosas, puede terminar en beneficio de unos privados - como lo son los dueños de bares y discotecas -, tal y como ocurrió con el decreto 1839 del presidente Ospina Pérez.