Por iniciativa de un congresista de Cambio Radical 73 representantes a la Cámara aprobaron un mico del Estatuto Anticorrupción que prevé multas por $1.360 millones y 10 años de cárcel para quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos. Si las afirmaciones vienen de una organización comunitaria, la norma promete quitarles la personería jurídica.
¿Significa que ahora empezarán a sancionar conductas como la de Álvaro Uribe Vélez, quien injurió a las víctimas de los llamados falsos positivos al decir que no estarían recogiendo café? ¿o habrá cárcel para Diego Molano por inventarse ciberataques a la web del MinDefensa como cortina de humo para desviar la atención por denuncias contra la Fuerza Pública en el paro nacional? Obvio que no. La norma que votaron 73 impresentables, incluyendo a los caldenses Félix Chica, Luis Fernando Gómez “Chano” y Oscar Tulio Lizcano, dice que la prohibición protege a funcionarios y exfuncionarios: es decir congresistas, sus cuotas políticas y copartidarios. Es una ley para inmunizarlos de las alertas de corrupción que salen de los medios y las ONG, en vez de estimular a quienes investigan y denuncian.
El Código Penal ya sanciona los delitos de injuria y calumnia, pero a los congresistas les parece insuficiente. ¿Por qué? Porque como la corrupción no cesa necesitan atacar el corazón del derecho a la información y la libre expresión e imponerle a la prensa el ritmo paquidérmico de la justicia. Según ellos, si un juez no condena a Karen Abudinen por embolatar 70.000 millones nadie puede hablar de abudineo. Supongamos que la ONG Temblores recibe amenazas por denunciar que en el paro nacional hubo 103 víctimas de lesiones oculares por disparos de la Fuerza Pública; o que Daniel Coronell explique en un podcast las pruebas que vinculan a Álvaro Uribe con el delito de manipulación de testigos; o que en Manizales revelen que el gerente de Ideas Más (más impresentables) está inhabilitado por la Procuraduría y entonces es irregular (indecente, corrupto, vergonzoso) que el alcalde lo mantenga en el cargo… En todos estos casos la nueva ley tapabocas prevé cárcel y multas para los denunciantes. ¿Y los denunciados? Bien, gracias.
La semana pasada se celebraron los 25 años de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, una ONG que nació en medio de una enorme ola de homicidios contra periodistas. Si bien las muertes han disminuido (no desaparecido) habría que preguntarse por qué. La Flip viene advirtiendo del deterioro del derecho a la información en Colombia, que se manifiesta en la creciente autocensura y la sofisticación en las formas de presión a los medios. El repertorio incluye coacciones con la pauta oficial; trabas al acceso a la información, como la dilación en la respuesta a los derechos de petición (una juez de tutela falló esta semana contra el senador Mario Castaño por no contestar uno); órdenes para retirar información de Internet, alegando el supuesto derecho al olvido; ataques en redes orquestados desde chats de funcionarios públicos; acoso judicial con demandas; citaciones a testificar en procesos en los que los periodistas simplemente informan, y amenazas de inspección judicial a archivos periodísticos, como el que anunció esta semana la Fiscalía contra Noticias Uno. ¿Y los órganos de control? Bien, gracias.
Como no tengo $1.360 millones para multas aprovecho que el articulito aún no rige para expresar lo que opino sobre funcionarios y exfuncionarios: Álvaro Uribe es el político más siniestro que ha tenido Colombia; Mauricio Lizcano es el verdadero poder detrás de todos los poderes locales; el alcalde Carlos Mario Marín es la prueba fehaciente de que la juventud no garantiza transparencia ni buen gobierno, y si el caos de su administración no me parece más nefasto es porque recuerdo que le ganó al candidato de su antecesor Octavio Cardona, el del hospital de mascotas y la feria de contratos en Cultura y Turismo. Cuando pienso en lo mal gobernados que estamos hoy deduzco que el único mérito es que podríamos estar peor.
Y concluyo también que la libertad de expresión es un derecho que hay que ejercer a diario. Lo que no se usa se oxida.