En la escala que califica la gravedad de los pecados, según la metodología del sacramento de la penitencia que aplica el catolicismo, quién sabe si está codificado el que tiene que ver con el robo de la plata para la comida de los niños o la ineficiencia de los empleados públicos para cumplir con el deber de hacer funcionar oportunamente el sistema. Porque, si la ley lo ordena, los recursos presupuestales existen y se sabe cuál es el calendario escolar, ¿por qué pasan varios meses después de iniciadas las clases para que se adjudiquen los contratos para el suministro de almuerzos y refrigerios a los escolares? ¿Por qué los proponentes, más que prestar un eficiente servicio, buscan sacar el mejor resultado económico de los contratos, dándoles a los niños comida mala e insuficiente? ¿Por qué se toleran mafias que saltan de una región a otra contratando la alimentación de los escolares, inclusive cambiando de razón social, y los funcionarios responsables no se percatan, se hacen los pendejos o son “socios” de los contratistas? ¿Es tanta la indolencia de la burocracia que no le importa saber que los niños se desmayan en las aulas por hambre, mientras se dilatan los trámites para su alimentación? ¿Por qué en algunas regiones sí se hacen las cosas oportunamente y bien hechas y en otras no? ¿Quién responde estos interrogantes y cómo se sanciona a los culpables?
Ningún delito es justificable, a menos que sea “culposo”, es decir, “sin querer queriendo”, como los accidentes de tránsito. Pero atentar por desidia, o por hacer trampas, contra la oportuna, suficiente y buena calidad de la comida de los niños, que los Derechos Humanos, la Constitución y las leyes consideran de protección prioritaria, es un crimen que no puede ser sancionado con suspensiones temporales, llamadas de atención o castigos mínimos.
En algunas regiones, donde los gobernantes son serios, responsables y eficientes; y, sobre todo, honestos, el PAE funciona desde el primer día de clases; lo mismo que el transporte escolar. La selección de contratistas se hace sin que intervengan políticos, y con la debida anticipación; los recursos se manejan “con pinzas”, para que no se desvíen ni malgasten; y la calidad de los servicios se controla con severidad. ¡Ah! Y ni los niños ni los padres de familia les quedan debiendo favores a los funcionarios públicos, porque a ellos se les paga para que cumplan con el deber y la plata que gastan, en el caso que nos ocupa, en la alimentación y el transporte de los escolares, no es de ellos.
Y oigan, respetables confesores, no parece justo que a un tipo que atenta contra las barriguitas de los niños lo manden para el Cielo con una penitencia de diez padrenuestros, que los puede rezar en la casa (penitencia domiciliaria).