
La Procuraduría General de la Nación vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), para garantizar la vida y la integridad física de 27 mujeres afrocolombianas, de sus respectivas familias, así como de las integrantes de la Corporación SISMA Mujer.
Se trata de personas que fueron desplazadas de los municipios de El Charco, Barbacoas y La Tola en el departamento de Nariño, hacia el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
De acuerdo con la información recibida por la Cidh la situación de riesgo de estas mujeres persiste en la actualidad y es mayor la vulnerabilidad en la que se encuentran.
En consecuencia, el 9 de marzo de 2012 en la reunión de Seguimiento y Concentración de las Medidas Cautelares se establecieron como beneficiarias estas 27 mujeres y las entidades intervinientes asumieron compromisos en el marco de sus competencias.
La Procuraduría señaló que vigilará el cumplimiento de los compromisos por parte de los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Salud, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Con esta acción el Ministerio Público también busca generar un documento que contenga unas recomendaciones, si es del caso, dirigidas a la Cancillería.
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