COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Durante la segunda parte de la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, procesado en el escándalo de Odebrecht, su abogado defensor informó al estrado que el exfuncionario viajó a Estados Unidos por razones personales y de seguridad.
“Está atendiendo unos requerimientos personales y nos solicitó presentar las excusas ante su señoría”, dijo el jurista ante el juez 25 de conocimiento. Añadió que “no fue fácil para el doctor Andrade salir del país, está procurando un nuevo esquema de seguridad y protección judicial a todos los niveles. No tenemos conocimiento de que esté en acercamiento con las autoridades judiciales norteamericanas”.
Horas más tarde, el propio Andrade rompió su silencio y a través de un comunicado explicó que viajó con la intención de pasar las fiestas navideñas en compañía de amigos y familiares, pero enfatizó que el tema de seguridad continúa siendo materia de preocupación para él y los suyos.
“Agradecemos el apoyo de todos en este injusto proceso. Como lo he hecho durante los últimos dos años, tengo la intención de seguir compareciendo ante la justicia colombiana hasta que se limpie mi nombre”, dice uno de los tres párrafos del comunicado.
A manera de despedida, Andrade insiste en que lo suyo es una “inexplicable persecución” en su contra de la Fiscalía, no obstante, se mantiene confiado en “la transparencia e independencia de los jueces”.
Andrade, que tiene también ciudadanía estadounidense, estuvo bajo detención domiciliaria cautelar desde diciembre del año pasado hasta hace dos semanas.
Según Migración Colombia, Andrade salió del país el sábado por el puesto de control migratorio del Aeropuerto Internacional del Dorado, de Bogotá.
Andrade está acusado por la Fiscalía de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio, en calidad de determinador.
Los hechos investigados corresponden a la adición del contrato de concesión Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era la empresa brasileña Odebrecht, realizada cuando Andrade se desempeñaba como presidente de la ANI.
Según Migración Colombia, Andrade salió del país porque cuando se le realizaron "las validaciones pertinentes" en el puesto de control migratorio de El Dorado se estableció que "no existía ninguna orden judicial que impidiera" su salida del país.
"En ese orden de ideas y respetando el derecho a la libre movilidad de las personas, Luis Fernando Andrade realizó el proceso de control migratorio tal y como está establecido en la normatividad colombiana, siéndole otorgado así, el permiso de salida del país", agregó la información.
La salida de exfuncionario deja desazón en el país porque apela a la falta de garantías en la justicia colombiana como sucedió con Luis Alfonso Hoyos y Andrés Felipe Arias, además de la pérdida de soberanía judicial de Colombia frente a EE.UU.
La audiencia
La diligencia fue programada para que tanto la Fiscalía como la defensa elevaran una nueva petición de que se incluyeran las evidencias que en la audiencia de la semana anterior el juez no decretó como válidas.
El fiscal pidió que se tuviera en cuenta una parte del fallo que fue proferido por el Tribunal de Cundinamarca, en el que fue condenada administrativamente la brasileña Odebrecht tras una acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación.
También insistió que debe tenerse en cuenta un informe de policía judicial de marzo del 2017, que consigna las entradas y salidas de personas del edificio de la ANI. Para la Fiscalía, es necesario este documento porque así se probaría la cantidad de veces que a esa entidad ingresaron José Elías Melo, Roberto Prieto, Eduardo Zambrano, así como exsenadores y exfuncionarios de la sociedad brasileña.
La defensa solicitó la inclusión de por lo menos 30 pruebas que considera fundamentales para comprobar que su cliente no es culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio que le endilgó la Fiscalía.
Un documento que la defensa pidió que se tuviera en cuenta, es un acuerdo del consorcio, del 13 de abril del 2010, suscrito por Luiz Antonio Bueno, en representación de Odebrecht, e Íngrid Xiomara Cangrejo, representante de Episol.
“Ese acuerdo pone de presente el nivel de participación y responsabilidad de Corficolombiana, como empresa matriz de Episol, que tiene una participación activa en la suscripción de los otrosíes 3 y 6. Con eso se demostraría cómo los actos previos a la suscripción vienen asistidos del trabajo de unas instituciones privadas y vinculadas al consorcio y eran los que daban las premisas de naturaleza económica y financiera para la adición”, señaló el defensor de Andrade.
El juez 25 que adelantará el juicio anunció que pidió investigar al director de la cárcel La Modelo, César Ceballos Giraldo, por una serie de anomalías que se hicieron durante las visitas de inspección al lugar de residencia de Andrade, quien estaba cobijado con medida de aseguramiento.
Según el titular del despacho, lo que se espera con esta compulsa de copias es que el funcionario explique los procedimientos irregulares que presuntamente se hicieron durante el tiempo en el que el procesado estuvo cobijado con la detención domiciliaria.
Algunas de esas visitas se dieron en altas horas de la noche, de acuerdo con el relato del juez.
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