Uribe le gana pulso a Cepeda

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Corte Suprema de Justicia indicó ayer que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por presunto fraude procesal y soborno de testigos debe seguir en el sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), contrario a lo que solicitaba el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, contraparte en este caso, quien argumentaba que debía primar la Ley 600 del año 2000.

De esta forma, la Corte Suprema devolvió el caso a la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, quien el 22 de septiembre se declaró competente para definir la petición de libertad de Uribe, en detención domiciliaria desde hace dos meses, pero al mismo tiempo pidió al alto tribunal que se pronunciara sobre cuál régimen debía aplicarse en el proceso.

La discusión estaba en si el proceso debía conducirse según la Ley 906 de 2004 como pedían, además de la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, o si, por el contrario, debía primar la Ley 600 de 2000, como lo solicitaba Cepeda, víctima en este caso.

La defensa de Uribe sostenía que la Ley 600 del 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, no era la indicada para este caso porque para eso está la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.

La Fiscalía apoyó la tesis de la defensa de Uribe en que debía seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de esta última porque hace referencia a hechos que supuestamente pudieron haber ocurrido entre 2017 y 2018, cuando ya estaba en vigor la Ley 906, mientras que la Ley 600 de 2000 se aplica para delitos cometidos hasta el 2004.

Sin embargo, la cuestión queda zanjada con la posición de la Corte que dictaminó que el proceso debe conducirse según la Ley 906 de 2004.

Esta ley, del sistema penal acusatorio, establece un sistema en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.

El caso

Este proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.

Sin embargo, con la renuncia de Uribe a su escaño de senador, a mediados de agosto pasado, perdió el fuero y en consecuencia el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía.

Petición de libertad pendiente

Tras la decisión de la Corte Suprema, la jueza del caso deberá fijar la fecha para una nueva audiencia en la que decidirá si concede o no la libertad a Álvaro Uribe.