Sin pacto, acción popular por tarifa de acueducto en Salamina

Luis Fernando Rodríguez

LA PATRIA | SALAMINA

Fallida fue la audiencia de pacto de cumplimiento de una acción popular que realizó el miércoles en Manizales el Tribunal Administrativo de Caldas, después de escuchar a demandantes y a entidades demandadas.

“El problema radica en el incremento del 244,33% en la tarifa de acueducto para este año, debido a la aplicación de la Resolución CRA 825 del 2019, que nos afectó económica, social y moralmente. Vemos imposible pagar las facturas, ya que en la mayoría de los casos se triplicó el costo”, dijo Claudia Pastora González Botero, del Comité Pluralista Prodefensa de los Servicios Públicos de Salamina.

Para asistir a la audiencia en Manizales este Comité efectúo en Salamina actividades y recibió donaciones por $2 millones 365 mil. Viajaron por lo menos 100 personas en bus y otros se les unieron en carros particulares; al llegar, hicieron un plantón en la Plaza de Bolívar, frente a la Gobernación de Caldas, intentando hablar con el gobernador, Guido Echeverri Piedrahíta, pero sin resultados.

“La gradualidad, que empezó a regir desde la facturación de agosto de este año, que fue la propuesta del Departamento, es un engaño que esconde el verdadero problema. En 24 meses estaremos en un problema similar o peor”, finalizó González Botero.

Respuestas de los demandados

* Empocaldas

No presentó propuesta de pacto, conforme a los puntos objeto de estudio tratados en el acta del Comité de Conciliación aportada.

* Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)

Dijo que conforme al acta del Comité de Conciliación, realizado el 22 de noviembre, no presenta formula de pacto.

* Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Expresó que según lo acordado con el Comité de Conciliación, no tiene ánimo de pacto en este asunto por no tener injerencia en él.

* Ministerio Público

Sostuvo que es claro que no existe corresponsabilidad compartida y por ende se entiende fallida esta etapa por las posiciones manifestadas. Consideró que se debe analizar la posibilidad de vincular a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a este proceso que continúa su trámite jurídico.