Miguel André Garrido
COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Hablar de corrupción en Colombia para muchos es algo casi natural, si no que lo diga el contratista Migue Nule quien en medio del juicio que se le sigue por el ‘carrusel de la contratación’ llegó a señalar que “la corrupción es inherente a la naturaleza humana”. O por qué no recordar la frase que el ingenio popular le atribuyó al expresidente Julio César Turbay: “Hay que bajar la corrupción a sus justas proporciones”.
Esa sensación la corrobora ayer el hecho de que Colombia es, entre 174 países en los que se analizó la percepción de corrupción, el número 94 (en un listado ordenado desde el país que genera más, al país que genera menos percepción de corrupción). Ese lugar lo comparte con Grecia, India, Mongolia y Senegal. Así consta en el Índice de Percepción de Corrupción 2012, elaborado a nivel mundial por Transparencia Internacional y divulgado en el país por Transparencia por Colombia.
Este estudio permite, al acercar la lupa a nuestro hemisferio, observar cómo el país sigue estando mal parado en este indicador, pues en las Américas se ubica en el puesto 20 entre 31 países analizados; y de 5 entre 11, si de América Latina se trata. Colombia es superada por Chile y Uruguay (comparten el puesto 1), seguidos por Brasil (2), Perú (3) y Surinam (4).
El Índice General de Percepción de la Corrupción 2012 sale de cruzar distintas mediciones internacionales sobre el tema, que para el caso de Colombia son siete estudios, tres de ellos que abarcan la percepción desde sectores empresariales.
Los tres poderes, mal
Al desglosar esos resultados, uno de los aspectos que llaman fuertemente la atención es que la mala imagen la comparten los tres poderes públicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo mismo que las Fuerzas Armadas (Ejército y Policía) que en su orden salen mal calificados frente al interrogante relacionado con la manera como emplean los funcionarios de estas entidades su poder para obtener beneficios.
Así lo registra uno de los siete estudios tomados como fuente: el índice de Estado de Derecho de Word Justice Project (WJP) “el cual mide el factor de ausencia de corrupción en los funcionarios de los sectores consultados”, explica Elizabeth Ungar, directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, para quien las bajas calificaciones de estos organismos son “más que preocupantes”.
“Sobre el Legislativo, sea cierto o no, siempre se ha considerado que hay corrupción…es un lugar común. Lo que me parece preocupante es la mala imagen del poder Judicial”, continúa Ungar, al recordar que este es la ‘bisagra’ entre el Estado y la sociedad.
Sin políticas
La preocupación va más allá. Con una calificación de 38 sobre 100 se rajan las políticas adoptadas por el Gobierno a la hora de frenar la corrupción. El resultado sale de consultar las percepciones sobre si hay mecanismos claros de rendición de cuentas y sobre la manera como son supervisados los fondos y recursos públicos.
También, si las personas sienten posible hacer una carrera en el sector público, o si creen que la llegada a los cargos del Estado se produce por nombramientos hechos directamente por funcionarios, más que por méritos. A ello se suma la percepción de que existan órganos independientes que se encarguen de auditar las finanzas, entre otros temas explorados.
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