Arcadio González Ardila
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, conoce como pocos el problema agrario del país, no solo por ser hijo del Cauca, regiones de las más golpeadas por la violencia política y armada en los últimos 50 años, sino porque la ha vivido en carne propia.
Pero además, como dirigente político, gobernador y ministro del Interior que fue, sabe del papel clave que jugará su despacho para implementar el desarrollo legislativo del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
Sobre este acuerdo y el futuro que le espera al país en el posconflicto, hablo el ministro.
Tareas
¿Cuál será el papel del Ministerio en el posconflicto?
La primera es esperar el resultado del plebiscito en las urnas. Si el plebiscito recibe el apoyo del pueblo, tendremos la responsabilidad de implementar los acuerdos en el punto uno, de temas agrarios y rurales, y el punto dos sobre cultivos ilícitos. La paz que queremos no es sólo con los guerrilleros, sino también con los 12 millones de colombianos que viven las zonas rurales y que como consecuencia del conflicto padecen de una pobreza más alta que la que se vive en las ciudades. Estoy convencido de que la paz es una oportunidad y que si el país quiere la paz, tiene que primero sembrar la paz en el campo.
Pero dando por hecho la aprobación del plebiscito, ¿su cartera cómo procederá frente a estos acuerdos?
El tema de formalización de la tierra es el siguiente: Colombia tiene cuatro millones de predios rurales, solo 35% ó 40% tienen escritura pública de su predio. El resto son poseedores de buena fe o simples tenedores. Hay que buscar la forma de que la gente tenga las escrituras para que puedan acceder a créditos y pleno derecho de sus tierras. El otro punto es el de acceso a tierras. En Colombia la distribución de la tierra muestra una gran inequidad: el 70% de la población rural de esos 12 millones de campesinos pobres tiene el 5% de las 100 millones de hectáreas rurales que tiene Colombia. Tenemos que dar más acceso, mediante la creación de un Banco de Tierras que se nutrirá de aquellos procesos que fueron objeto de extinción de dominio, de las tierras baldías y que estén desocupadas o indebidamente ocupadas y del subsidio integral de tierras que quiere decir que ahora el predio lo negocia directamente el campesino a quien se le entregan unos recursos de subsidio, para que pueda adquirirlo, además de un recurso adicional para un proyecto productivo y un salario mínimo para que pueda pagar los gastos de escritura.
¿Cuánta tierra tendrá ese Banco?
En el acuerdo se habla de 3 millones de hectáreas y de 7 millones de hectáreas formalizadas. El total se considera en 10 millones.
¿Las Farc van a aportar las que se apropiaron por la fuerza?
No está en el acuerdo, pero tampoco en el acuerdo dice que quedan legalizadas. Un ejemplo, en las sabanas del Yarí: 180 mil hectáreas primero, 80 mil hectáreas después, en una mesa de trabajo entre el Incoder, la Fiscalía y la Fuerza Pública se pudo demostrar que eran predios baldíos indebidamente ocupados por personas supuestamente adeptas a ese grupo. Hace como seis meses esas tierras volvieron al patrimonio de la Nación como baldías, pero estamos en la discusión porque aparecieron seis mil campesinos que dicen ser sus dueños, es un terreno equivalente al departamento del Quindío, entre Meta, Caquetá y Vichada.
- ¿Pero qué va a pasar con las tierras en poder de las Farc?
Seguiremos haciendo las investigaciones del caso. El Estado no renuncia a revisar ese punto, pero no sabemos cuántas tierras son, no hay formalización, etcétera.
Restitución
¿La Unidad de Restitución de Tierras será complementaria para estos acuerdos?
La Ley de Víctimas que creó esa Unidad ahí está, los ajustes que requiere ya se han hecho en el transcurso de la aplicación de la ley, pero uno de los puntos para lograr la paz es que aquellas tierras que fueron injustamente despojadas mediante la violencia deben ser restituidas a esas víctimas. Llevamos 100 mil hectáreas entregadas, para algunos puede ser poco, pero cada hectárea entregada tiene una historia de despojo y violencia. Llevamos más de 100 personas judicializadas por reclamar lo que nos les pertenece o querer aprovecharse de las verdaderas víctimas.
¿Con este acuerdo de paz, qué va a pasar con las Zidres y las zonas de reserva campesina actuales y por crear?
La última zona de reserva campesina la creó el presidente Uribe, en este Gobierno se vienen estudiando varias solicitudes. Después de que se apruebe este acuerdo hay que ver qué dice la Constitución sobre las zonas de reserva campesina y qué efectos han tenido, para ver si esa es la figura que se requiere para un verdadero desarrollo agrario en el país. Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que han sido tan estigmatizadas, van a significar la verdadera posibilidad de desarrollo de aquellas regiones que cumplen unos requisitos: necesitar gran inversión para hacerla productiva a mediano plazo; sin vías de comunicación; que ningún empresario se puede presentar solo, sino que tiene que llevar a pequeños productores, a los que se les permitirá a futuro ser el dueño de la tierra y del proyecto productivo. Fácilmente estamos hablando de 10 millones de hectáreas en donde se pueden desarrollar proyectos Zidres.
Sustitución de cultivos
- ¿En qué consiste el punto de sustitución de cultivos ilícitos?
Se creó la Agencia de Renovación del Territorio, que es distinta a la Agencia Nacional de Tierras. Esa agencia va a tomar la acción integral de siete ministerios para ofrecerles a los campesinos que están dedicados a cultivos ilícitos una alternativa viable y duradera en el tiempo, para que miren hacia cultivos lícitos.
El ejemplo claro es el departamento de Santander, que no tiene ni una hectárea de cultivos ilícitos, gracias al cultivo de cacao.
¿Cuánto costará implementar estos acuerdos?
El grupo de expertos de la Misión Rural consideró que el sector rural necesita una inversión de 23 billones de pesos durante 20 años seguidos, para ponerse al día con respecto a países similares. Pero cuando uno ve el presupuesto de este Ministerio, pues ve que hay que repriorizar. Es decir, puede que no sean los $23 billones, pero tampoco los $1,2 billones que se pretende para el año entrante, que es el primero de implementación del acuerdo.
¿Puede decirse que el Acuerdo está blindado política y jurídicamente?
Creo que difícilmente ha habido un proceso de paz con tantos blindajes como los que tiene este, pese a tanta desinformación y con un grupo que genera tanto odio en el país.
Los datos históricos que tiene el país indican que de 350 mil personas que salieron de sus propiedades debido al conflicto armado, 250 mil volvieron a sus tierras, o sea que cerca de 100 mil serán restituidas; 23 mil colombianos han sido beneficiarios y se han recibido 93.686 solicitudes.
“Según la FAO, Colombia está entre los siete países que van a alimentar al 50% de la población mundial. Tenemos 40,5 millones de hectáreas aptas para agricultura y reforestación y de esas siete millones sembradas”.
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