Bogotá. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial de investigadores para indagar las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República, en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena (Reficar).
"Hemos conformado un grupo para que de forma especial se dedique al caso; la investigación hasta ahora comienza. Esperamos establecer la verdad de lo ocurrido, para que haya lugar a imputar, o sencillamente aclarar la situación jurídica de los implicados", señaló el director de la Unidad Anticorrupción, Carlos Fernando Guerrero.
Inicialmente, el ente acusador investigará estos hechos por el delito de peculado por apropiación. En ese sentido, la Fiscalía le solicitó a la Contraloría General los documentos que sustentan los hechos referenciados por la entidad, de los sobrecostos en el proyecto.
Seguidamente, los investigadores de la Unidad Anticorrupción realizarán inspecciones a las oficinas de la refinería en Cartagena para conocer los soportes contables y estados financieros y así establecer si en estos documentos se percibe algún tipo de irregularidad.
Dentro de las diligencias que tiene dispuesta la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, se solicitará información a la firma Chicago, Bridge and Iron (CB&I), sobre las razones que llevaron al incremento en la ampliación de Reficar. La Fiscalía también busca determinar si la firma ha llevado a paraísos fiscales dineros relacionados con el megaproyecto.
En este caso, la Fiscalía tiene en conocimiento la investigación de la Contraloría General de la República; la cual indica que hubo un incremento con respecto al presupuesto inicial que se tenía dispuesto para llevar a cabo la ampliación, puesto que en 2009 la obra costaba menos de 4000 millones de dólares y, según el ente de control fiscal terminó costando más de 8000 millones.
Según explicó Guerrero, dentro del grupo de investigadores, la Fiscalía General dispuso una serie de expertos en temas económicos y contables, igualmente, se tendrá apoyo de la Policía económica y financiera de la Fiscalía, quienes serán los responsables de determinar si en las irregularidades señaladas por la Contraloría existe alguna infracción penal.
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