Se dio el primer paso para acusar a Rousseff

EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El Congreso brasileño dio ayer el primer paso hacia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.

El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara baja, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.

Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

Todo eso, según la parte acusadora, constituye delitos de responsabilidad, que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

El Gobierno ha rechazado eso a rajatabla y tanto Rousseff como sus seguidores han repetido a los cuatro vientos que un proceso con miras a su destitución en ausencia de un delito de responsabilidad es un golpe de Estado.

Sin embargo, el propio instructor insistió ayer en que un proceso de destitución no es un golpe de Estado, pues es realizado por el Parlamento, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y ratificadas en diciembre pasado por el Tribunal Supremo.

De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin reflejarlas en los balances fiscales sí constituyen un delito de responsabilidad.

"Ante todas las consideraciones jurídicas y políticas, estoy convencido de que las conductas atribuidas a la presidenta, si confirmadas, no representan actos de poca gravedad o de simple tecnicismo contable, presupuestario o financiero", aseguró.

Agregó que tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a diversos principios importantes de la Constitución, entre los que citó el control parlamentario de las cuentas públicas, la responsabilidad con el equilibrio fiscal y el buen uso de los recursos públicos.

Lo que sigue

Tras la presentación de Arantes, los 65 miembros de la comisión tendrán otras dos sesiones para debates y el próximo lunes, según el calendario establecido, deberán votar el informe.

Si la comisión respalda por mayoría simple el informe, tomará la palabra el pleno de la Cámara de Diputados, en el que la oposición necesitará de una mayoría calificada de 342 votos, sobre un total de 513, para aprobarlo.

En caso de que reciba el visto bueno de los diputados, el informe seguirá al Senado, cuyos miembros decidirán por mayoría simple si se debe iniciar un juicio político en esa cámara legislativa.

Si la iniciativa de la oposición es aprobada también en esa instancia, Rousseff deberá dejar el cargo por un plazo de 180 días, que será el tiempo que el Senado tendrá para culminar el proceso.

En caso de llegarse a ese extremo, la mandataria será sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que la semana pasada decidió romper con el Gobierno.

Sin embargo, este martes un magistrado de la Corte Suprema ordenó a la Cámara baja iniciar el trámite con miras a un proceso que puede llevar a Temer a un juicio similar, apoyado en que, en su condición de vicepresidente, firmó algunos de los decretos que sustentan la acusación contra Rousseff.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que apelará esa decisión, que seguramente acabará siendo analizada por el pleno de la corte, integrado por 11 magistrados.

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, dijo ayer sentirse agredido profesional y moralmente por la orden de un magistrado del Tribunal Supremo de que se le abra un proceso de juicio político similar al que enfrenta la jefa de Estado, Dilma Rousseff. En su opinión, el pedido de un juicio político en su contra es una campaña nítida y deliberada en su contra, con el supuesto propósito de llevarle a una "pelea callejera" en la que aseguró que no se quiere meter.