Se agita el debate por disturbios en las universidades

Colprensa | LA PATRIA | BOGOTÁ

Esta semana fue capturado por la Policía en Cali un joven de 26 años que sería el encargado del reclutamiento de estudiantes de las universidades para las Farc. Se llama Julián Andrés Hoyos, ahora procesado por rebelión, y sería el cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Comando Estudiantil Bolivariano y el enlace ideológico y logístico entre los frentes Sexto y Manuel Cepeda Vargas, de las Farc.

En la Universidad del Valle, al día siguiente, hubo disturbios, provocados al parecer por dicha detención. Esa influencia no es confirmada, como tampoco que desde el interior se haya producido el disparo que impactó un vehículo parqueado cerca.

Estos hechos recuerdan a los que este año le quitaron la vida a estudiantes, en Tunja (por activación de ‘papas bomba’) y en la localidad de Suba, en Bogotá, mientras, al parecer, elaboraban artefactos explosivos ilegales.

“Tenían 10 kilos de explosivos, no se ha dicho toda la verdad, no estábamos cerca ni del primero de mayo ni de la Marcha Patriótica. ¿Para qué era?”, se preguntó sobre ese último hecho una fuente consultada por Colprensa.

Esa imagen de graves disturbios en universidades públicas impulsados por fuerzas no reconocidas hace parte del viejo debate sobre las intenciones de las Farc de infiltrar los claustros, probada hace muchos años, y sobre la forma como las autoridades dan a conocer la información, cuestionada por ‘criminalizar’ la protesta social.

El rastro

Los organismos de inteligencia tienen determinado que las Farc, desde que existen el Movimiento Bolivariano Nueva Colombia y el Partido Comunista Clandestino, PC3, creados por ‘Alfonso Cano’, hay también una plataforma denominada ‘encapucharte’, para infiltrar las universidades.

Según los organismos de inteligencia, se trata de redes organizadas conformadas por varios colectivos en, al menos, 11 universidades públicas, que utilizan la web para comunicarse y cuya dirección está a cargo del guerrillero ‘Carlos Antonio Lozada’. Entre sus intenciones identificadas está la de ampararse en protestas legítimas para generar alteraciones de orden público.

Las autoridades identifican esos grupos que supuestamente están infiltrados por las Farc por los logos que utilizan públicamente, por ejemplo los ojos de una imagen del Libertador, Simón Bolívar, entre otros, que son identificables en sus respectivas páginas web.

No obstante, hay diversas opiniones sobre el impacto real de estos grupos. Una vertiente señala que el caos que pretenden generar es una “reproducción” de un discurso de violencia; otra, que en realidad no son más de 30 personas en un universo de al menos 20 mil que incitan a ‘encapucharse’, sin que tengan el éxito que esperan las Farc o del que alerta la Policía Nacional.

El exviceministro de Defensa Rafael Guarín, por ejemplo, señaló que la idea es “proyectar ese discurso de violencia. Utilizan las universidades como foco de reclutamiento, porque dentro del plan estratégico de las Farc siempre se ha concebido que la toma del poder llega con la insurrección en las grandes ciudades”.

Por otro lado, el analista del conflicto de la Corporación Arco Iris, Ariel Ávila, señala que si bien es claro que hay infiltración, su poder es marginal en relación con el que tenían hace 20 años. “Puedes ver un mural donde dice ‘encapucharte’. Hay personas marginales que en una universidad promueven esas campañas, pero la gran mayoría de los estudiantes son gente pensante, gente que no es un objeto, como cree la Policía, que se deja manipular como quiera otra persona”, consideró.

¿Qué motiva el uso de la fuerza?

En este complejo escenario las posiciones de analistas y de personas cercanas a las decisiones cada vez están más alejadas. Ello sucede especialmente ante la idea del Gobierno de que el ESMAD pueda entrar a los campus en caso de considerar que sea necesario y ante las tesis de que las Farc motivan la infiltración.

“La autonomía universitaria no puede ser un veto. La fuerza pública debe entrar a las universidades cuando la vida de los ciudadanos está en juego. Se entra para proteger las universidades de las organizaciones violentas”, justifica el exviceministro de justicia Rafael Guarín.