“Santoyo aceptó sobornos de terroristas, así de simple"

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, de 53 años, fue sentenciado ayer a 13 años de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada, por proveer apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización señalada a nivel internacional como terrorista.

“El exgeneral Santoyo aceptó sobornos de los terroristas, así de simple", sentenció el fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia, Neil H. MacBride. “Abusó de su posición en la aplicación de la ley, rompió la confianza del pueblo de Colombia. Esta acusación es un paso importante en la reconstrucción de la confianza al demostrar nuestra determinación de mantener como responsables a individuos deshonestos como el señor Santoyo".

Sobre el caso, un comunicado oficial de la Corte cita a Robert Brisolari, agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos: "la sentencia envía un mensaje claro de que los funcionarios corruptos, independientemente de su posición o título, serán investigados al máximo. Esta investigación demuestra el compromiso continuo de la DEA y la Policía Nacional de Colombia para impactar las organizaciones de tráfico de drogas".

Además de la condena, que podría bajar significativamente por buen comportamiento y por colaboración del general con las autoridades estadounidenses, deberá pagar una multa de 120 mil dólares (unos 216 millones de pesos).

Cacheris también oyó los argumentos del gobierno de EE.UU., que dijo que por el hecho de que Santoyo tenía una posición privilegiada, ese país debía mandar un mensaje de que estas conductas son inapropiadas.

El juez recomendó finalmente que el general sea trasladado a una cárcel de La Florida, el Complejo Correccional Federal de Coleman.

Óscar Rodríguez, abogado del general, manifestó que él, hasta ahora, "se siente satisfecho y optimista de que en su futuro habrá espacios para reducir la condena".

Los hechos

Sobre Santoyo se encendieron varios reflectores desde 1996, cuando ostentaba el grado de teniente coronel y fue nombrado jefe del Gaula de la Policía en Medellín, cargo que ocupó hasta 1999.

En ese periodo lo comenzaron a investigar porque el grupo bajo su mando hizo más de 1.500 interceptaciones ilegales, algunas de ellas a activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), dos de cuyos miembros desaparecieron más tarde.

Entre el 2000 y el 2002, Santoyo comandó el Cuerpo Elite Antiterrorista de la Policía, luego de lo cual lo nombraron secretario para la Seguridad del presidente Álvaro Uribe. El decreto 1811 fue suscrito por el entonces mandatario y su secretario general, Alberto Velásquez Echeverri.

En el 2003 la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Santoyo para ejercer cargos públicos por cinco años, por el caso de las interceptaciones ilegales, pues, según el ente de control, el oficial estuvo de acuerdo con que sus subalternos, con falsas autorizaciones de fiscales, gestionaran las interceptaciones ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Doble carrera delictiva

Lo que no sabían las autoridades colombianas era que Santoyo, de acuerdo con el escrito de acusación del fiscal McBride, para esa época ya había comenzado a ser parte de una conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos.

Según MacBride, la droga era llevada por rutas que tenían como origen Colombia, pasando por Centroamérica y México, y los jefes de los grupos traficantes pagaron importantes sumas de dinero al oficial a cambio de información.

Por dinero, debía informar a los narcotraficantes sobre las investigaciones que en torno a ellos adelantaban los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Gran Bretaña. También debía entregar información sobre escuchas telefónicas realizadas por la Policía a narcotraficantes.

Otra grave acusación de MacBride es que Santoyo facilitaba traslados de oficiales corruptos, lo que después le ayudó en sus negocios de tráfico de drogas. Aunque no lo indica el escrito de acusación, las autoridades estadounidenses están por determinar si él también conformó unidades antiterroristas con recursos del Plan Colombia, lo cual les genera preocupación.

Después de conocer la investigación que se le seguía en EE.UU., el general se entregó voluntariamente el pasado 3 de julio a la justicia de ese país.

Vergüenza nacional

Colprensa consultó a los congresistas Juan Lozano (La U), Iván Cepeda (Polo) y Simón Gaviria (Liberal), quienes coincidieron en que la condena a Mauricio Santoyo se trata de una vergüenza nacional que no debe repetirse. Hicieron énfasis en que es necesario continuar las investigaciones para determinar quiénes acompañaron al oficial en esta empresa criminal.