Salvamentos para evitar el colapso en la Contraloría

Ante el inminente vencimiento del contrato de arrendamiento de la actual sede de la Contraloría General, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Néstor Raúl Correa, afirmó que hoy se llevará el reparto de la impugnación de la tutela que en días pasados le rechazaron al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la cual busca que el organismo de control pueda permanecer seis meses más en el edificio. 

“Yo ya hice las gestiones pertinentes y finalmente la tutela se va recibir en Paloquemao y se va repartir puede ser hoy mismo, y al juez que le corresponda pues le dará el trámite que a bien tenga. Debo aclarar que la Sala Administrativa no se involucra en las decisiones de los jueces pero nosotros debemos garantizar que el recurso sea recibido y obviamente tramitado”, dijo a Caracol Radio el Magistrado. 

Mientras se resuelve esta situación el contralor General, Edgardo Maya, firmó la urgencia manifiesta en la entidad con el fin de suspender todas las acciones administrativas en el organismo desde este 1 de enero hasta el 20 del mismo mes.  

También solicitó al Archivo General de la Nación que asuma el depósito, almacenamiento y custodia del archivo documental de la Contraloría. 

Por su parte, la procuradora (E), Martha Isabel Castañeda, envió una comunicación al Juez Primero de Ejecución de Penas en apoyo a la tutela presentada por los funcionarios de la Contraloría, en la que señala que el cierre abrupto de la entidad pone en riesgo la función pública estatal, los recursos públicos y el patrimonio del Estado, además de que se afectan los derechos de los ciudadanos en general. 

Finalmente, el presidente del sindicato de los trabajadores de la Contraloría General, Carlos Saavedra, reveló que son más de 200 acciones las que se han interpuesto ante la justicia para que los dejen trabajar y no se afecten las funciones de la entidad. 

Todo esta problemática se heredó de la administración de la excontralora Sandra Morelli que por presuntas irregularidades en la suscripción y cuantía en el arrendamiento el contrato tuvo que ser cancelado, proceso que incluso tiene a la exfuncionaria afrontando un proceso judicial ante la Fiscalía.