COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Una tormenta fue la que desató el procurador General, Alejandro Ordóñez, al aseverar públicamente que tiene pruebas desde hace dos meses en el sentido que supuestamente el Gobierno busca, con reuniones, cooptar a los magistrados del Consejo de Estado y lograr que se vote favorablemente una demanda que presentó la ONG DeJusticia en contra de su reelección.
Las palabras de Ordóñez llegaron cargadas pues dijo que magistrados de ese tribunal le dijeron cuán hartos están de las insinuaciones y que todo hace parte de una estrategia para sacarlo, en la que estarían las Farc, y que ya incluso se ha hablado de quiénes podrían reemplazarlo.
El Gobierno no tardó en responder, en cabeza del ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien negó de tajo dicha posibilidad y aseguró que se trata de una falta de respeto del procurador Ordóñez hacia la Administración de Justicia y con el Consejo de Estado que evidencian el temor de un fallo adverso y que constituyen una presión indebida.
A juicio de Reyes, Ordóñez intenta generar un ambiente caldeado para que si lo sacan del cargo y anulan su reelección, se critique la misma o se cuestione.
Ordóñez hizo estas manifestaciones, además, justo en momentos en que ese proceso sigue demorado en la Sala Plena del Consejo de Estado, empezó en 2013, por cuenta de varias recusaciones, impedimentos y salidas de magistrados.
El presidente de esa Corporación, magistrado Luis Rafael Vergara, señaló precisamente que se van a realizar varias salas plenas la otra semana, a fin de poder elegir rápidamente algunas de las ocho vacantes de magistrados que les faltan, usando el nuevo reglamento que reduce el número de votos necesarios para hacerlo.
Hasta el momento, el Tribunal duró varios meses estudiando y finalmente negando dos recusaciones que se presentaron en contra de la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez y de Alberto Yepes, quien, como se recordará, es ponente del caso y llegó a tener dos ponencias completamente distintas, una manteniendo a Ordóñez en el cargo, otra sacándolo, que fueron filtradas a medios de comunicación.
Esa recusación, que fue negada en votación 14-13, desató varias polémicas que motivaron a que el magistrado saliente Marco Antonio Velilla presentara una queja disciplinaria en su contra, así de otros dos juristas, en atención a la filtración y supuesto paso de información a la ONG DeJusticia para que esta pudiera presentar recusaciones a otros juristas.
Concretamente, se señala a la magistrada Stella Conto y a Danilo Rojas, quien fue miembro fundador de Dejusticia y a quien en salas pasadas se le aceptó un impedimento que presentó para conocer del caso, así como a la magistrada María Elizabeth García. No obstante, todavía faltan varios impedimentos antes de empezar a estudiar de fondo el caso que versa sobre si el Procurador puede ser reelegido o no a la luz de las normas que regían en ese momento.
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