Reforma política, una puja en el Congreso

Colprensa | LA PATRIA

La historia reciente del país viene pidiendo a gritos un cambio en la forma de hacer política y en el mismo sistema. La mayor muestra de esto fue la masiva votación que tuvo la Consulta Anticorrupción el pasado 26 de agosto, que desembocó en la creación de un paquete de proyectos legislativos con los que se pretende modificar de fondo prácticas que han generado corrupción al interior del funcionamiento estatal.

Adicional a este paquete legislativo se presentó, en compañía de varias fuerzas políticas y con el respaldo del Gobierno Nacional, una propuesta de reforma política y electoral, que ya inició su discusión al interior del Congreso de la República, pero que ha levantado voces de inconformidad por el profundo cambio que plantea.

Para la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, los desacuerdos se deben a que la propuesta aborda una gran transformación sobre temas muy importantes para el país y que a la vez son difíciles. “Lo malo es que se está tratando de despachar una reforma compleja, porque aborda asuntos como la reducción de la edad de votación, que necesitan una discusión a fondo”.

La reforma tiene tres puntos clave sobre los que hay acuerdos con la mayoría de los partidos políticos, pero con algunos reparos. Uno de ellos es la lista cerrada para elegir el Senado de la República y la Cámara de Representantes, para que los ciudadanos voten por la ideología del movimiento político y se acabe con fenómenos como la compra y venta de votos o el enriquecimiento de poder por clanes regionales, como lo expresa el senador ponente de la iniciativa, Roy Barreras.

Otro de los artículos sobre el que hay consenso al interior del legislativo es que las campañas políticas sean financiadas, única y exclusivamente, por el Estado de manera equitativa. Allí coinciden los congresistas en que a través de la implementación de esta modificación se acabaría con la cofinanciación por parte de empresas privadas con intereses particulares e ilícitos, en algunos casos. Asimismo, hay acuerdo en que se reglamente la paridad de género al interior del Congreso.

“El sistema político colombiano es un sistema corrupto desde el origen del poder por cuenta de las listas abiertas, de la infiltración del narcotráfico y de la corrupción en la financiación. Es un sistema de compra y venta de votos, un sistema caníbal en que los compañeros de la lista no son correligionarios, sino que son enemigos”, señala Barreras.

El articulado que más ha generado disensos ha sido el de reducir el Senado nacional a 30 cupos, que serían complementados con 70 regionales. La polémica se ha levantado por el lado de los partidos minoritarios, que en su mayoría, suman votos a través de todo el territorio nacional.

El que más se ha manifestado en desacuerdo con este punto ha sido el presidente del Partido Mira, Carlos Eduardo Guevara, quien afirma que una reforma política debe garantizar la pluralidad y participación de los principios democráticos de las minorías, como lo establece la Constitución.

“La configuración del Senado regional conlleva a que se concentren los votos en algunas regiones, imposibilitando que expresiones como la nuestra, en la cual tenemos votos en todo el país, pueda llegar al Congreso. Los partidos pequeños tendrían que hacer un esfuerzo para poder pelear por los cupos que le corresponden a Bogotá y a todas las regiones. A nuestro juicio, eso va en contravía del principio democrático y si sumamos la propuesta en la cual la cabeza de lista sería el candidato presidencial, se estarían vulnerando estos principios”, señala Guevara.

Alejandra Barrios sostiene que con esta propuesta no se estaría resolviendo el problema de fondo que consiste en que los departamentos como Vichada, Guainía, Amazonas y Caquetá vienen reclamando mayor participación. De esta manera, agrega que en el fondo se perpetuaría la misma desigualdad electoral que tiene el actual sistema.

“Obviamente si cambian las reglas de juego, uno espera que se cambie el comportamiento electoral, pero la distribución de curules no se está haciendo pensada en los territorios, sino en las fuerzas partidistas, razón por la cual Guainía, Vichada, Amazonas y Caquetá seguirían sin representaciones en el Senado, porque estas se las van a coger los departamentos grandes”, añade.

La directora de la MOE señala que en este punto el Congreso de la República debe definir qué modelo político quiere implementar en el país: uno donde los partidos fuertes sean los que gobiernen u otro donde la diversidad de organizaciones políticas representen las múltiples ideologías.

Mauricio Jaramillo, experto en política de la Universidad del Rosario, dice que aumentar las circunscripciones regionales es una manera de organizar la política y que es una forma sana de brindarles mayor participación a estos territorios, porque Colombia es un país que, a pesar de que emprendió un proceso de descentralización a finales de los 80 y comienzos de los 90, el poder sigue ejerciéndose desde la capital.

De acuerdo con Jaramillo, esta reforma no les quitaría la participación a los movimientos políticos minoritarios, sino que los fortalecería en el sentido de que les tocaría trabajar de manera conjunta en sus bases ideológicas. “Si trabajan en estas bases, van a encontrar una fórmula de sobrevivir y mantenerse. No creo que la propuesta sea agresiva con uno u otro partido”, añade.

Alfonso Palacio Torres, analista político y experto en Derecho Público, indica que la Constitución del 91 se instauró como un sistema que permitía la apertura a los partidos minoritarios, pero que esta iniciativa que pretende un cambio de circunscripciones iría en contra de este propósito y, en consecuencia, perjudicaría a las minorías.

“El Senado antes se escogía a través de circunscripciones departamentales y se amplió las nacionales, para que los partidos que no eran el Liberal y el Conservador pudieran sumar votos en todo el territorio. Esto permite que nuevos partidos alcancen curules”, indica Palacio.

A este capítulo de controversia se le añade el hecho de que, como lo mencionó Guevara, las cabezas de lista para el Congreso sean los mismos aspirantes a la Casa de Nariño, lo que implicaría que los que no lleguen a la Presidencia obtengan curules, como la que hoy tiene el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, quien no alcanzó la Presidencia en segunda vuelta. Para esto habría que unificar las elecciones parlamentarias con las presidenciales.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, opina que esta figura, que viene de los regímenes parlamentarios, anularía la posibilidad de hacer coaliciones entre partidos para la presidencia o para las alcaldías, porque el movimiento más representativo ganaría el liderazgo frente al otro y ninguna de las colectividades estarían dispuestas a aceptar este hecho.

En cuanto a los aspectos positivos, para Alejandra Barrios la creación de una corte electoral es algo necesario, pero esto se debe mirar con mucho cuidado porque también puede tener efectos negativos para los partidos de oposición, debido a que va ligada a la votación única partidista con la unificación de las elecciones a la Presidencia y el Congreso.

La paridad de género, que es otra propuesta apoyada por la mayoría, también tiene reparos como el de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien afirma que esta inclusión debe ser real para que no se utilicen a las mujeres como relleno al interior de los partidos.

Alfonso Palacio Torres dice que la lista cerrada, pese a que es una buena propuesta, debe ir acompañada de un proceso democrático de elección de candidatos dentro de los mismos movimientos políticos, para que esta no sea hecha desde Bogotá, bajo el modelo centralista y los políticos regiones  no se vean obligados a hacer lobby ante las figuras representativas de los partidos.