JAVIER MOLINA CASTILLO
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Un nuevo debate vive por estos días el país, luego de que la Comisión del Gasto y la Inversión Pública considerara imperativo introducir una reforma al régimen pensional y al sistema general de protección económica para la vejez.
Y aunque no es la primera vez que se habla de reestructurar el sistema pensional, la recomendación de la comisión hace que el tema cobre relevancia, especialmente porque el país se encuentra en un año electoral y el próximo gobierno será el que tenga que tomar una decisión al respecto.
Precisamente, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que este será un tema en medio de la campaña política, ya que cada candidato tendrá que proponer cuál va a ser el rumbo que tendrá el país en materia pensional.
“Muchos decían que la campaña electoral iba a girar en torno a la guerra y la paz, pero en realidad la campaña presidencial, a mi juicio, va a seguir girando sobre impuestos, gastos y subsidios, esos van a ser los temas de campaña”, señaló el economista y profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo.
En la misma línea se pronunció el economista Eduardo Sarmiento, quien señaló que además de ser un tema que tendrá relevancia en el debate electoral, los candidatos se van a encontrar con más problemas que soluciones, pues considera que las recomendaciones de la Comisión no son suficientes.
“El gasto presupuestal más grande es el de las pensiones, de manera que los candidatos van a tener esos problemas. Ellos van a recibir un sistema con inequidad, pero también van a encontrar que las soluciones no arreglan el problema sino que lo van a empeorar”, dijo.
La problemática
Para Sarmiento, el problema principal es la inequidad, porque la mayor parte de los recursos van al sector de la población que más recibe ingresos, sin privilegiar a los de menos recursos.
“Tenemos un sistema de pensiones y un sistema de gasto público inadecuado que no cumple con los requisitos fundamentales de una organización equitativa. Es un sistema que le da grandes transferencias a los que más tienen y finalmente eso es lo que ha contribuido, entre otras cosas, a que Colombia esté entre los siete países con la peor distribución del ingreso del mundo”, dijo el economista.
Además consideró que el informe presentado por la Comisión de Gasto “está improvisado”, ya que no muestra un análisis profundo de investigación y no se identifica por qué el sistema fiscal colombiano ya no funciona.
Sarmiento criticó que esta propuesta no mejora el resultado de la Ley 100, “que no funcionó”, sino que más bien se agrava, porque contempla “mayores transferencias, mayor apoyo a los fondos privados de pensiones, el debilitamiento de Colpensiones y, desde luego, la reducción de las pensiones para los afiliados, al tiempo que aumenta las cotizaciones de estos”.
La propuesta
La Comisión del Gasto y la Inversión Pública señaló que la reforma al régimen pensional debe buscar dos objetivos: aumentar la cobertura y moderar la magnitud del gasto público en pensiones, y corregir su regresividad.
Para ello, consideró que se debe actuar en seis frentes, entre los que resalta hacer ajustes en los parámetros del sistema general de pensiones, reformar la arquitectura del sistema y racionalizar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros y militares, respectivamente, que se encuentran por fuera del sistema general de pensiones.
En estos tres frentes, llama la atención entre los ajustes paramétricos el aumento de la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica -cada cinco años- a los parámetros demográficos.
También plantea utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años, en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente para calcular el ingreso base de liquidación en el RPM, con el fin de reducir la magnitud de los subsidios y las inequidades.
Establece aumentar los porcentajes de cotización a 18%, para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema; reducir el tope actual para las pensiones del Régimen de Prima Media, que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional; y establecer un gravamen a las pensiones altas.
Frente a la arquitectura del sistema, la Comisión considera que debe adelantarse de manera urgente una reforma que elimine el arbitraje entre los regímenes de Prima Media y de Ahorro Individual, ya que la competencia entre ambos es “inconveniente”.
En el caso de los maestros, la edad de jubilación es actualmente de 57 años tanto para hombres como para mujeres, por lo que la Comisión considera que la diferencia en relación con la edad de jubilación del régimen general de pensiones debe eliminarse.
Para las Fuerzas Armadas, donde la asignación de retiro se obtiene sin consideración de la edad con tiempo de servicio de 20 años en caso de retiro forzoso y de 25 años por retiro voluntario, hay un margen importante para racionalizar estos beneficios y para que las cotizaciones reflejen de manera más transparente los gastos futuros en que se incurre con ellos.
En el cuarto frente, la comisión considera que se debe ampliar el alcance de los mecanismos de apoyo económico a la vejez de carácter no contributivo (Colombia Mayor) y en el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), buscando profundizar su impacto contra la pobreza y generando incentivos que los hagan más compatibles con estímulos al ahorro y la formalización.
Para la Comisión, el proceso de ampliación del programa Colombia Mayor es positivo; mientras que en los BEPS asegura que los alcances actuales del programa son marginales y recomienda una revisión integral del esquema, con el propósito de incrementar su eficacia.
Finalmente, en el quinto y sexto frente, resalta que se tiene que racionalizar y unificar la jurisprudencia sobre los temas relacionados con el régimen pensional y avanzar en el proceso de formalización del mercado laboral.
En este último punto, asegura que la formalización del mercado laboral y la generación de más trabajo formal constituyen el mecanismo más eficaz para incrementar las cotizaciones y la cobertura del Sistema General de Pensiones. “Un ejemplo a seguir para ese diálogo es el que tuvo lugar en España a mediados de la década de los años noventa, cuyos resultados se conocen como el Pacto de Toledo”, señala el informe.
Destacado
En el 2100, según Naciones Unidas, la proporción de población colombiana por encima de los 65 años respecto a la población en edad de trabajar será del 60%, lo que haría inviable un régimen de pensiones de reparto como el que se tiene.
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