Reforma de la Policía enfrenta a Iván Duque y Claudia López

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La discusión en Colombia se centra esta semana en los cambios que necesita la Policía, que enfrentan al Gobierno nacional con la alcaldesa de Bogotá, principal defensora de esa reforma.

La muerte de Javier Ordóñez, de 46 años, sometido con brutalidad por dos agentes que descargaron sobre él en múltiples ocasiones una pistola eléctrica Táser durante un arresto en Bogotá, puso sobre la mesa la necesidad de reformar la institución.

"(Proponemos) un límite de descarga eléctrica con el objetivo de proceder a esposar al ciudadano objeto del procedimiento policial y se prohíbe expresamente (las) múltiples descargas porque son un acto de tortura", dijo ayer el representante a la Cámara Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, autor de un proyecto de Ley presentado en el Congreso para la prevención y sanción de los abusos de la Policía.

El debate sobre la necesidad de hacer una reforma estructural en la institución aumentó las tensiones entre el presidente, Iván Duque, y la alcaldesa de la capital, Claudia López, para quien el caso de Ordóñez no es aislado.

En orillas opuestas

Duque y López, en orillas políticas opuestas, se desautorizan mutuamente desde marzo por las medidas para contener a la pandemia del coronavirus, pero sus desavenencias escalaron en la última semana por las caóticas protestas en Bogotá desde el miércoles.

El fallecimiento de Ordóñez ese día desató violentas manifestaciones en varias ciudades del país luego de que se conociera un video en el que se ve cómo dos policías abusan de la fuerza contra el hombre que murió horas después en un hospital de la capital.

Tras las jornadas de enfrentamientos y vandalización al menos 10 personas fallecieron en Bogotá y otras tres en la vecina Soacha víctimas de disparos con armas de fuego.

López no ha dudado en apuntar el dedo contra la Policía por usar "armas letales de manera indiscriminada contra ciudadanos inermes y jóvenes" y ha increpado a Duque porque, según dijo, él como "comandante en jefe" de la institución debía ordenar a los uniformados no usar "armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia".

La alcaldesa puso como ejemplo la manifestación del domingo en el centro de Bogotá, en el que, según dijo, "vándalos usaron gasolina para atacar policías", pero "siguiendo el protocolo se disolvió la marcha con gases, sin armas letales. No hubo heridos", añadió ayer en su cuenta de Twitter.

Reformar la Policía

En Colombia, a diferencia de otros países, la Policía no depende del Ministerio del Interior sino del de Defensa, y a pesar de ser un cuerpo civil armado ha tomado parte como un ejército regular en la lucha contra los grupos guerrilleros y las bandas de narcotraficantes.

Para responder a los casos de brutalidad policial sectores han propuesto que la Policía debería asumir un rol más civil y tener una veeduría que no esté ligada a la justicia penal militar, para que hechos como la muerte de Ordóñez sean asumidos directamente por la Fiscalía o la Procuraduría.

El viernes Duque y López tuvieron una reunión, en la que también participó el procurador general, Fernando Carrillo, para discutir las medidas que asumirían las instituciones para investigar las conductas de los agentes que repelieron las manifestaciones y el vandalismo la semana pasada.

"Les entregué las pruebas donde se muestra a policías uniformados que tratan de ocultar su uniforme disparando contra la sociedad civil, era una hora y media de videos, 119 denuncias de ciudadanos que manifiestan ser víctimas de agresión policial o de disparos", señaló la alcaldesa.

Con ese material en mano López planteó la necesidad de hacer una reforma estructural de la institución argumentando que las jornadas de violencia de la última semana son una "consecuencia acumulada de años de casos de impunidad, de casos reiterados sin que se impongan sanciones correspondientes".

Pese a ello, al finalizar la reunión la alcaldesa dijo que Duque se negó a hacer un cambio interinstitucional de la Policía debido a que "no consideraba que se debiera hacer una reforma legal", por lo que descartó "de plano" su solicitud.

Sin embargo, la ministra del Interior, Alicia Arango, contradijo el fin de semana esas declaraciones y aseguró que desde noviembre del 2019 el Gobierno trabaja en una estrategia para transformar la institución.

La silla vacía

En la mañana del domingo en la céntrica Plaza de Bolívar la alcaldesa pidió perdón y expresó sus condolencias a los familiares de los muertos por la violencia de la última semana.

En la ceremonia, a la que no asistió el presidente Duque, pese a haber sido invitado, y cuya silla permaneció vacía, estuvieron en representación del Gobierno nacional los altos comisionados para la Paz, Miguel Ceballos, y para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.

La imagen de la silla vacía del presidente enfrentó nuevamente a la opinión pública y provocó un debate en el país entre quienes cuestionaron a Duque por supuestamente no dar la cara a las víctimas y los que acusaron a la Alcaldía de utilizar ese momento para obtener rédito político.