Colprensa | LA PATRIA | BOGOTÁ
Varios son los retos que le esperan al Gobierno en materia de política antidrogas. El principal está en lograr crear una estrategia integral que le permita reducir la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos sembradas en el país para el 2023.
La alerta la lanzó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien, tras su reunión con el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su país está preocupado por el aumento de producción de drogas en Colombia.
En este sentido, el analista Jhon Mario González opina que no ve clara la estrategia para cumplir ese objetivo en solo tres años. Considera que Estados Unidos tampoco tiene claro como llegará este propósito, en sentido de que ese país también avaló la política antidroga del anterior Gobierno y que permitió un aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos.
“La falta de claridad para lograr ese objetivo tiene que ver en buena parte con la falta de eficacia de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que además se le puede convertir en un problema de gobernabilidad y conflicto social al presidente Duque porque también hay una alta dosis de resiembra”, añade González.
Mauricio Jaramillo, por su parte, asegura que el Iván Duque abandonó el discurso de flexibilización que se había avanzado con el expresidente Juan Manuel Santos. Añade que en el anterior Gobierno se trató de que las miradas también se pusieran en los países consumidores más que en la misma demanda. Dice que con Duque se volvió al discurso de atacar la oferta.
“Con Duque vemos un poco la rigidez en que la lucha contra las drogas se debe concentrar casi que en exclusivamente en la oferta y Colombia asumiendo esa responsabilidad, se vuelve otra vez al discurso duro de la prohibición”, agrega.
Carlos Andrés Arias Orjuela, también opina que la política de drogas de Duque tendrá un viraje hacia el combate de drogas inclinado más hacia la producción que al consumo, con el apoyo económico de Estados Unidos.
Según el analista Jhon Mario González, el Gobierno buscará la manera de dirigir la política antidroga hacia la fumigación aérea con glifosato, pese a las restricciones que actualmente tiene la Corte Constitucional en este sentido.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó en septiembre que el país tuvo un crecimiento del 17% frente al 2016, para un total de 171 mil hectáreas cultivadas con hoja de coca.
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