Rechazo general a condiciones de las Farc para liberar al periodista francés

El Gobierno de Colombia y organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Amnistía Internacional (AI), rechazaron hoy la condición de las Farc para la liberación del periodista francés Roméo Langlois, al que tiene en su poder desde el 28 de abril como "prisionero de guerra".

La respuesta sigue a la exigencia impuesta por esa guerrilla el lunes, cuando anunció que antes de la liberación debe darse un debate nacional e internacional sobre "la libertad de informar" en torno al conflicto colombiano, porque consideran que los reporteros que lo cubren del lado del Ejército están manipulados.

"Esta organización criminal no puede de ninguna manera venir a imponer condiciones de ningún tipo, el Gobierno no puede polemizar con criminales, no se puede aceptar discusión alguna sobre esta situación", afirmó a los periodistas en Bogotá el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Horas antes, desde Madrid, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, consideró esa exigencia "un atropello" y "una ofensa de la guerrilla de las Farc a la libertad de expresión, al derecho legítimo de los periodistas en cualquier parte del mundo a ejercer su profesión".

"Y mal haría el Estado colombiano con los periodistas o la comunidad internacional prestarse para este tipo de debates", puntualizó a Efe Garzón, quien subrayó que "con los violadores de los derechos humanos no hay debate".

Las reacciones al último comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se contradice con el mensaje del domingo en el que anunciaron que Langlois iba a ser liberado "pronto", no se hicieron esperar y llegaron desde distintos rincones del mundo.

La SIP, con sede en Miami, dejó claro que ese condicionamiento "es absolutamente improcedente y colisiona con las prácticas internacionales".

En un comunicado, el presidente de ese organismo y director del diario peruano La República, Gustavo Mohme, indicó que las Farc son responsables de la vida del corresponsal del canal France 24 y el diario Le Figaro, y reclamó su liberación inmediata.

"Langlois debe ser puesto en libertad de manera inmediata sin condiciones y deben adoptarse medidas para asegurar que todos los periodistas en Colombia puedan desarrollar su trabajo de forma libre", indicó, por su parte, Amnistía Internacional desde Londres.

La directora del programa de AI para las Américas, Susan Lee, manifestó que si bien "un debate sobre la libertad de expresión y la manera en que los medios cubren el conflicto en Colombia podría ser positivo, no debería emplearse como pretexto para mantener cautivo a un periodista".

La nota discordante la puso hoy el periodista colombiano exiliado en Australia Luis Ernesto Almario, integrante del Comité Internacional de Solidaridad con Joaquín Pérez, el director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), afín a las Farc, y encarcelado en Bogotá.

Almario, quien colabora con Anncol y Radio Café Stéreo, ambas con sede en Estocolmo, propuso que Langlois sea canjeado por Pérez: "los dos son prisioneros de guerra", indicó en una polémica afirmación durante una conversación telefónica con La W Radio de Bogotá.

Pérez fue detenido el 23 de abril de 2011 en el aeropuerto de Caracas en respuesta a una circular de Interpol a solicitud de Colombia, país al que llegó entregado por el Gobierno de Venezuela.

El periodista francés cayó en poder del Frente 15 de las Farc el pasado 28 de abril en la zona rural de Montañita, en el sureño departamento de Caquetá, donde se encontraba con un contingente militar y policial para documentar una operación antidroga cuando se vio en medio de los combates.

El ministro colombiano de Defensa confirmó hoy que Langlois había firmado previamente un documento por el que exoneró al Ejército de cualquier responsabilidad si se producía algún problema durante el operativo al que les acompañó.

La polémica está abierta en Colombia sobre las circunstancias en las que fue secuestrado el reportero, ya que portaba chaleco antibalas y caso militar, motivo por el que las FARC lo consideran un "prisionero de guerra".

Al respecto, el ministro Pinzón insistió en que no puede ser llamado así porque "es civil, es un ciudadano que estaba en servicio de su actividad profesional, y por lo mismo lo que tienen que hacer es liberarlo rápido y urgentemente".