Radican proyecto de ley para reglamentar las funciones de un fiscal ad hoc

Bogotá (Colprensa). En el Senado de la República inició el trámite de un proyecto de ley, que según explica su autor, el senador Rodrigo Lara, busca que no haya más vacíos en la reglamentación de la elección y funcionamiento de la figura de un fiscal ad hoc. 

De ser aprobado este proyecto, no se presentarían situaciones como las actuales, en donde se debe escoger un fiscal para reemplazar al titular nacional, Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal, María Paulina Riveros, para el caso de Odebrecht, a pesar de no estar del todo claras las reglas para su elección. 
Según Lara, lo que se busca es “garantizar la transparencia y la confianza del público en casos en los que el Fiscal General en ejercicio pueda llegar a ser cuestionado por conflicto de intereses en algún proceso o con alguno de los implicados”. 
Explicó ademas que en la iniciativa se establecen las condiciones que tienen que cumplir los candidatos a asumir las labores del Fiscal ad hoc, y define los mecanismos como se elegirá tal funcionario ante la eventualidad que sea necesario. 
En el articulado, Lara señala que el fiscal ad hoc deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y estará sujeto al mismo régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Asimismo, se garantizará la logística necesaria para que el Fiscal ad hocadelante, con total autonomía e independencia, las investigaciones para las cuales fue designado. 
“Esta es una iniciativa que el país necesita para que, cuando el Fiscal General de la Nación se declare impedido o las recusaciones propuestas en su contra prosperen, exista un mecanismo expedito para nombrar un Fiscal ad hoc que garantice el desempeño de su función con total autonomía e independencia”, declaró. 
El proyecto, que se deberá discutir ya el otro año, plantea también que una vez prospere el impedimento o la recusación en la Corte Suprema de Justicia, ésta enviará un oficio al Presidente de la República quien, en un término de diez días, deberá enviar una terna a la Corte Suprema, que a su vez, tendrá un plazo de diez días para elegir el Fisca ad hoc para que adelante los procesos para los cuales haya prosperado el impedimento o la recusación.