COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Las familias políticas que gobiernan la Costa Atlántica fueron denunciadas por Aída Merlano, la excongresista del Partido Conservador condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas, ligados a una red de compra de votos en las elecciones legislativas, en marzo del 2018.
Desde Venezuela señaló que Julio Gerleín le había confesado que había invertido un alto capital en la campaña a la presidencia de Iván Duque, que ese dinero había salido de una colecta que hicieron los Char y que eran, aproximadamente, 6 mil millones de pesos.
Añadió que el entonces aspirante a la Casa de Nariño tenía conocimiento de la manera en la que se estaba moviendo la máquina electoral para comprarle votos a su campaña. Como ocurre en este tipo de señalamientos, no presentó pruebas para sustentar su acusación. Así las cosas, en el evento de que el caso sea tocado por la justicia será la palabra de uno contra otro, salvo que se revele una evidencia que le dé sustento a la denuncia.
En sus declaraciones al canal Semana TV indicó que por cuenta de ello “deberían estar presos Fuad Char, Arturo Char, Álex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerleín (hijo) y Julio Gerleín”.
Sobre su pedido de extradición, que el Gobierno elevó al opositor Juan Guaidó, lo consideró “una vergüenza nacional”.
De Merlano no se conocía nada hasta finales de enero cuando fue detenida en Venezuela, luego de que se le fugó a una comitiva del Inpec que la acompañaba a una cita odontológica en el norte de Bogotá.
“Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”, relató la política conservadora.
El abogado al que hace referencia es Diego Muñetón, que en su momento también defendió los intereses de Enilce López, condenada a 37 años por el crimen de Fabián Ochoa Torres, perpetrado en junio del 2000.
La pregunta es si la justicia o los entes de control se atreverán a investigar lo que ha señalado tanto en el Tribunal de Justicia de Venezuela como en el canal Semana TV.
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