Procuraduría pide suspender pagos a FF.MM.

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Procuraduría pidió ayer al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos para labores de inteligencia a las Fuerzas Militares por presuntos actos de corrupción.
El procurador general, Fernando Carrillo, instó al Ministerio a suspender el pago por 30 días, con el propósito de adoptar “medidas de control adicionales, previas y suficientes” para garantizar el correcto manejo de los recursos.
De igual forma, solicitó al comandante General de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, designar un oficial “del más alto nivel” para “preservar los medios probatorios que requiera la investigación”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
La entidad hizo estas solicitudes como parte de una investigación abierta el pasado 11 de diciembre por el presunto desvío de recursos destinados a labores de inteligencia.
A esto se suma la investigación publicada el domingo por la revista Semana en la que detalla la forma en la que al menos 12 militares cobraban dinero a la entidad por fuentes de información falsa.
Entre los implicados se encuentra el general retirado Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien fue comandante de las Fuerzas Militares hasta 2016 y que actualmente se desempeña como embajador de Colombia en Corea del Sur.
Según el semanario, militares, entre los que había oficiales y suboficiales, inventaban fuentes de información a las que les pagaban en ocasiones entre 10 y 15 millones de pesos.
Tras comparar la información entregada por los militares, se encontró que los nombres de las supuestas fuentes correspondían a ciudadanos venezolanos a quienes se les pagaba 20.000 pesos por poner su huella dactilar y firmar documentos en blanco.
De esta forma, detalló Semana, los militares recaudaban hasta 500 millones de pesos mensuales y lograron un total de 20 mil millones de pesos en los últimos cuatro años, periodo en el que aparentemente funcionó la red de corrupción.
De igual forma, los implicados crearon un fondo de ahorro con dineros de la entidad para pagar abogados que defendieran a militares implicados en ejecuciones, propiedades y viajes.