Proceso de Álvaro Uribe vuelve a la Corte Suprema

EFE | LA PATRIA | Bogotá

El expresidente de la República Álvaro Uribe seguirá en detención domiciliaria debido a que ayer en la audiencia en que una jueza debía definir si le otorgaba la libertad no se abordó esa solicitud porque se generó una controversia sobre la ley bajo la cual debe seguir el proceso que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Aunque la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, se declaró competente para definir la petición de libertad presentada por la defensa del exmandatrio, pidió a la Corte Suprema de Justicia que defina bajo qué régimen debe seguir el caso.

Por un lado, los abogados de Iván Cepeda, senador del Polo, contraparte del proceso, consideran que debe seguir por la Ley 600 del año 2000, bajo la cual venía hasta que Uribe renunció al Senado y con ello quedó sin fuero, mientras que la defensa, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Fiscalía aseguran que debe ser juzgado bajo la Ley 906 de 2004.

"Esta funcionaria judicial considera que es la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la que debe definir la impugnación de competencia que se planteó", aseguró la jueza Salcedo.

La funcionaria explicó que hasta tanto la Corte no se pronuncie y defina el conflicto de competencias, la diligencia en la que se resolverá la solicitud de libertad del excongresista quedará suspendida.

Uribe, de 68 años, y que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, permanece en detención domiciliaria en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba, desde el 6 de agosto, día en que la Corte ordenó esa medida de aseguramiento.

El proceso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y abrió una investigación por presunta manipulación de testigos a Uribe, fundador del partido de derecha Centro Democrático, al que pertenece el presidente colombiano, Iván Duque.

Dos semanas después de que la Corte Suprema dispusiera su detención domiciliaria, el expresidente renunció a su escaño en el Senado, en lo que la contraparte consideró una maniobra para evitar que ese tribunal lo siga investigando porque considera que es víctima de una persecución.

Al renunciar, Uribe perdió el fuero por lo que su proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General, con lo que su defensa pidió que se le permita defenderse en la libertad.

Dos leyes para un caso

El abogado Reinaldo Villalba, representante de Iván Cepeda, pidió que el proceso de Uribe siga llevándose por Ley 600 del año 2000, con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, y no por el Sistema Penal Acusatorio de la Ley 906 de 2004, como pide la defensa.

Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe, insiste en que el caso debe cambiar a la Ley 906 de 2004, lo que en la práctica implica comenzar de nuevo todo el proceso.

Mientras tanto, la Fiscalía argumenta que los hechos que se investigan en el proceso, de ser ciertos, habrían ocurrido en 2018, lo que lleva a que el sistema legal adecuado sea la Ley 906, en lo cual coincide con la Procuraduría.