Proceso contra Uribe, lejos del final

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Fiscalía pidió ayer el cierre del caso por supuesto fraude procesal y soborno de testigos que tiene al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como principal investigado, pero por delante hay aún un proceso judicial antes del cierre definitivo que puede durar incluso años.

"El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe", alegó ayer la Fiscalía.

Con ello, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, que lleva el sumario de Uribe, solicitó la preclusión de la investigación contra Uribe y ahora se asignará un juez para citar a las partes para esa diligencia judicial.

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, dijo que la decisión de Jaimes "no significa un cisma" para la justicia porque pedir la preclusión está dentro de sus atribuciones.

"Eso pasa cada rato en procesos (pedir la preclusión). En lo jurídico eso le corresponde al fiscal del caso. Otra cosa es lo que pueda generar en el ámbito político la decisión", explicó el penalista.

Agregó que seguramente la "última palabra" la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá a donde llegará la querella porque cuando el juez defina algo "muy seguramente una de las partes no estará de acuerdo".

"Eso no tiene términos (fecha para tener decisión final) y por eso creo que demorará algún tiempo en conocerse la decisión final", puntualizó Bernate.

Continúa

El juez Penal del Circuito asignado decidirá en una audiencia pública, que aún no tiene fecha, si acepta o rechaza la solicitud de la Fiscalía.

"El camino de la impunidad sigue su curso pero puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República", calificó ayer el abogado Reinaldo Villaba, abogado del senador Iván Cepeda del Polo Democrático, contraparte en el proceso en calidad de víctima.

La Fiscalía se pronunció sobre este caso después de que el expresidente renunciara el pasado agosto a su escaño en el Senado, y el caso pasara de la Corte Suprema, que es quien juzga a aforados, a la justicia ordinaria.

La Corte Suprema recopiló testimonios, conversaciones de WhatsApp, interceptaciones telefónicas al abogado Diego Cadena, del equipo de Uribe, audios que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve grabó con un reloj-grabadora desde la cárcel de La Picota (Bogotá) donde estaba preso, y soportes de los supuestos dineros o ayudas entregadas a los testigos.

En este caso, Uribe y su equipo habrían usado a estos testigos, presuntamente, para que declarasen a su favor y en contra de Cepeda quien había acusado al expresidente de supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Prospectiva

Si el juez decide dar la razón a la Fiscalía y ordena la preclusión del caso, entonces las víctimas, es decir, Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, pueden (o no) apelar el caso.

Deberán acudir al Tribunal Superior de Bogotá para presentar esta apelación, y ahí otro juez tendrá que decidir si vuelve a dar la razón a la Fiscalía o le niega la petición.

Tanto Fiscalía como las víctimas podrían interponer un recurso de casación, una vez este juzgado resuelva, a la Corte Suprema, que es la última instancia a la que la decisión de preclusión puede llegar.

Si la Corte Suprema rechaza la petición de la Fiscalía, entonces el ente acusador estaría obligado a presentar cargos contra Uribe y comenzaría el juicio como tal contra el expresidente.

Ahora bien, si el juez asignado decide rechazar la petición de preclusión, la pelota vuelve al campo de la Fiscalía, que puede presentar un nuevo escrito de preclusión (y volver a la casilla de salida) o apelar esa decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El Tribunal Superior de Bogotá podrá decidir a favor o en contra de la preclusión, como en el otro caso, y ambas partes podrían llegar a la Corte Suprema.

En todo caso, la decisión de la Fiscalía ha supuesto que se prolongue un posible juicio contra el expresidente y lo ha situado como una posibilidad remota y difícil de que suceda.

Paralelamente, Cepeda y Luis Eduardo Montealegre, víctimas en el proceso, anunciaron ayer que presentarán una denuncia contra el fiscal Jaimes por prevaricación, porque consideran que actuó en favor de los intereses del procesado. Pero ese sería un proceso judicial diferente.

"Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe", concluyó Cepeda.

Cerca de 100 procesos

Álvaro Uribe -que hasta agosto era senador por el Centro Democrático, partido del presidente, Iván Duque- tiene un centenar de procesos ante la Justicia por actuaciones que van desde su proceder cuando era gobernador de Antioquia hasta su paso por la Casa de Nariño, pero el caso actual es el más avanzado, aunque paradójicamente sea por un delito de los menos graves. Gabriel Jaimes -nombrado por el fiscal general, Francisco Barbosa, cercano al presidente Duque que a su vez es ahijado político de Uribe- justificó su decisión al considerar que las conductas con las que se le vinculó al expresidente "no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe".