COLPRENSA | LA PATRIA | MANIZALES
Tal y como le recomendó su abogado Abelardo de La Espriella, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, solicitó al Congreso de la República una licencia por dos meses no remunerada. Esto mientras la justicia se pronuncia, tras el escándalo de supuesta corrupción en el que está envuelto, por la presunta recepción de $500 millones para influir en un proceso a favor de Fidupetrol.
Así lo expuso el magistrado en un comunicado al indicar una vez más que no renunciará al cargo pues eso permitiría: “cualquier persona con intereses oscuros podría hacer retirar de su cargo a un servidor público o a un ciudadano inocente mediante mentiras y falsedades, pasando por encima del debido proceso y de la presunción de inocencia, lo cual dejaría un antecedente funesto contra la legitimidad de la justicia y del Estado Colombiano”.
En el comunicado, el magistrado indicó una vez más que no realizó ninguna actuación a favor de Fidupetrol y estimó que este escándalo le ha hecho un daño irreparable a su honra y a su familia.
Una vez la licencia sea aprobada, la Sala Plena de la Corte deberá elegir a una persona en su reemplazo temporal. Necesariamente no tiene que provenir del despacho de Pretelt, sino que tiene ser un abogado que actualmente trabaje en la Corte. Si llegara a renunciar, tendría que designarse a un magistrado encargado mientras se hace todo el proceso de postulación de aspirantes y elección en el Congreso.
Pretelt indicó que en su criterio fue adulterada la grabación entre el magistrado Luis Ernesto Vargas y el abogado Pacheco, en la que el segundo cuenta cómo supuestamente él habló de $500 millones en el caso Fidupetrol.
Dice que la versión de esta grabación no coincide con lo que le dijo Vargas al magistrado Mauricio González Cuervo. “Lo que está claro es que el magistrado Vargas incurrió en un delito realizando una grabación clandestina, ilegal y adulterada que utilizó calculadamente en su propio beneficio para enturbiar mi elección como Presidente de la Corte Constitucional, cuando su deber era denunciar inmediatamente estos supuestos hechos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la Fiscalía”, señaló Pretelt.
El otro lío
En 2009, como postulado al programa de Justicia y Paz, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, jefe paramilitar, le aseguró a la Fiscalía que el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, compró la finca La Corona, ubicada en zona rural de Turbo, Urabá antioqueño, que había sido despojada por paramilitares a un campesino. La familia de los afectados por la venta ilegal de esa propiedad solicitaron la devolución. Y ahora el ente investigador se alista para citar a las víctimas, escuchar testigos e incluso entrevistar a la familia de Pretelt todo en aras de conocer la historia de la venta de la finca La Corona. Así las cosas, el magistrado Pretelt está por enfrentar otro proceso judicial, donde podría ser vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía por los delitos de costreñimiento legal y desplazamiento forzado.
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