El Consejo de Estado aplazó nuevamente el estudio de la demanda que cursa contra la elección del actual gobernador de Caldas, Guido Echeverri, esta vez por la salida del país del magistrado Mauricio Torres Cuervo.
Según se pudo establecer, el magistrado Torres, quien integra la sección Quinta de la corporación judicial donde adelantan el estudio de la citada demanda, se encuentra por estos días en Europa.
Con la ausencia del magistrado, el quórum para llevar a cabo la sesión no estaría completo, por lo que será hasta la próxima semana, eso si el togado ya ha regresado al país, que se defina la situación política de Echeverri.
Como se recordará, durante las últimas semanas los magistrados de la Sección Quinta de la corporación judicial no se han podido reunir porque la magistrada Susana Buitrago, quien integra el quórum, se encontraba fuera del país.
Además, el magistrado Torres Cuervo, quien hace parte de la discusión de la demanda contra el mandatario de Caldas, presentó su carta de renuncia. Sin embargo, su retiro se hará efectivo el próximo 16 de mayo.
Antecedentes
El pasado 3 de julio, el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos que eligieron al gobernador de Caldas, Guido Echeverri, porque su esposa, Ana María Jaramillo, ejerció como secretaria de hacienda encargada en la Alcaldía de Manizales durante el año previo a la elección.
Las demandas las interpusieron los abogados Pilar Rosario Ruiz Castaño y Carlos Arturo Clavijo Aguilar, quienes argumentan que Echeverri no podía aspirar al puesto, y menos ocuparlo, porque su esposa se desempeñó en dos ocasiones como secretaria de Hacienda encargada de Manizales dentro del año anterior a la elección (del 8 de octubre al 3 de noviembre del 2010, y del 2 al 7 de febrero del 2011).
La abogada Ruiz Castaño argumenta en su demanda que la esposa de Echeverri “ha intervenido en contratación del municipio de Manizales, es decir, ha desempeñado funciones que de una u otra forma pueden inducir al elector a la toma de una decisión política”. Esto lo sustenta con la participación que la funcionaria tuvo en un proceso licitatorio de finales de 2010.
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