Polémica por aval a la libertad de expresión

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Como coletazo de la novela que vive el país en las últimas semanas por el escándalo Odebrecht, una oleada de rechazos contra el Grupo Aval, involucrado en el caso, se tomó las redes sociales el fin de semana. Las críticas se expresaron con hashtags o numerales como #NoalGrupoAval y #PánicoEconómicoEs, que fueron tendencia con miles de mensajes de ciudadanos.

Podría tratarse de otra oleada de indignación como las que recorren a diario Twitter y Facebook, pero en este ocasión, la situación ha llegado a bordear los límites del Código Penal, debido a que muchas de las personas que comentaron, invitaron públicamente a retirar los recursos y cancelar los productos financieros que se tengan en la red de bancos del Grupo Aval, como rechazo a la actuación del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo en el tema de Odebrecht.

A raíz de estos mensajes, el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, aseguró que presentará denuncias penales contra los usuarios de Twitter que promuevan mensajes con información falsa contra las entidades del sector financiero del país, por el delito de pánico económico.

“La Superintendencia ha detectado mensajes en redes sociales, especialmente en Twitter, en las que algunas personas de forma irresponsable anuncian medidas que se van a tomar por parte de autoridades norteamericanas sobre entidades vigiladas en Colombia, y que por ello, deberían retirar sus ahorros. Lo cual es totalmente falso”, manifestó Castaño, quien señaló que la entidad ya puso en manos de la Fiscalía la información que tiene en su poder, para que investigue si con estos comportamientos se ha tipificado el pánico económico.

Su decisión fue secundada por la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, quien afirmó que es urgente que la Fiscalía tramite la denuncia penal del Superintendente.

Libertad vs. pánico

Pero, ¿en qué punto termina la libertad de expresión y comienza el pánico económico? ¿Manifestar libremente que por razones éticas o de servicio se quiere dejar de utilizar los servicios de una empresa, en este caso, una entidad financiera, puede ser considerado delito? Expertos en el tema opinaron.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y docente universitario, indicó que no se puede confundir el pánico financiero, lo cual es un delito, con la libertad de expresión, ya que manifestar el descontento sobre una determinada entidad no significa que se esté generando un delito.

De acuerdo con el exmagistrado, estos hechos tampoco pueden resultar en sanciones a quienes expresen una opinión porque frente a la Constitución Política no tiene sentido. "El artículo 20 señala que no habrá censura y por eso ni el Superintendente ni la vicepresidenta pueden imponerla”, indicó Hernández. Aclaró que "son los jueces los que tienen que definir qué es o no pánico económico en casos concretos y específicos y no le corresponde a la Rama Ejecutiva decir que es o no”.

El artículo 302 del Código Penal estipula que comete pánico económico, quien "divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido".

Esto significa que no cualquier comentario en contra de una entidad financiera puede ser considerado pánico económico, sino que debe tratarse de una información falsa o inexacta y que de parte del autor de esta conducta haya el interés de afectar la confianza que tiene una entidad entre sus clientes.

El decano de la facultad de Economía de la Universidad Central, Erick Behar, indicó que se requiere ser objetivos sobre lo que es pánico financiero ya que el hecho de demostrar un descontento en las redes sociales frente a una entidad bancaria no necesariamente implica que esto conlleve a una desestabilización del sistema económico.

“Hay que ser muy neutral y objetivo sobre lo que es pánico financiero, porque el hecho de que unas personas propongan que se saque el dinero de un banco a otro para afectar al Grupo Aval en medio de una campaña política no necesariamente conlleva a la desestabilización del sistema financiero. Sabemos que hay aproximadamente 80.000 familias que dependen del Grupo Aval y es importante para la economía del país, pero esto no quiere decir que eso entre en un pánico financiero”, indicó Behar.

El economista y docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), José Roberto Acosta, consideró que frente a lo que está pasando en las redes sociales más que una respuesta penal, debe darse un manejo de comunicaciones.

“El Grupo Aval tiene que manejar mediáticamente este tema porque cada empresa tiene unas estrategias en ese aspecto. Debemos recordar que, así como Pepsi hablaba mal de Coca Cola y viceversa en lo que fue denominado la guerra de las colas en las gaseosas, puede existir lo mismo en el tema bancario y esto no tiene ningún misterio en la publicidad y el manejo de imagen”, indicó Acosta.

El presidente, Iván Duque, pidió ayer que se aplique "la más grande sanción pecuniaria" a las empresas que corrompan a funcionarios para "ganar acceso a contratos". La declaración la hizo en el acto de medio siglo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).