EFE | LAPAPATRIA | Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, aseguró este fin de semana que los mandos militares y policiales del país deberán impedir al máximo que se cometan masacres y se asesine a líderes sociales. "La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos", dijo Petro en Twitter, un día después de haber renovado la cúpula militar y policial.
Un día después de hacer un llamado a tener una fuerza pública alejada de la corrupción y que trabaje por los derechos humanos y la paz, el presidente puntualizó que a partir de ahora "todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muerte de líderes sociales".
Polémica
Parte de su llamado obedece al recrudecimiento de la violencia que hay en Colombia, fruto del enfrentamiento entre grupos armados ilegales que ha afectado especialmente a la población civil de las regiones más apartadas.
Sin embargo, el llamado de Petro no fue bien recibida en todas las instituciones del país, más con el cambio de lo que se consideró como barrida histórica en la Policía Nacional, de la que más de 20 generales fueron retirados de sus cargos, al nombrar como director al mayor general Henry Armando Sanabria Cely y como subdirectora a la brigadier general Yackeline Navarro Ordóñez. Tras la decisión, la institución se quedó con solo 12 generales, de los 33 que tenía durante la transición del poder.
La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), que representa a oficiales de la reserva activa, manifestaron que el mandatario está descargando su responsabilidad política en los militares cuando es él el jefe supremo de la fuerza pública en el país.
Los asesinatos
En medio de este debate, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) denunció la masacre número 62 cometida en lo que va de año en Colombia, que tuvo lugar en el departamento de La Guajira (norte), donde fueron asesinados tres hombres. Las víctimas, de las que por el momento se desconoce su identidad, fueron atacados por personas "fuertemente armadas".
Indepaz también informó el sábado sobre el asesinato de Diomedes Bermúdez Aguirre, un firmante del acuerdo de paz con las Farc que se encontraba en proceso de reincorpoación en el departamento del Tolima (centro-sur).
Bermúdez fue atacado por hombres armados cuando se desplazaba entre los municipios de Rovira y Roncesvalles, y es el primer desmovilizado asesinado desde que Petro asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto.
En lo corrido de 2022 han sido asesinados en Colombia 32 firmantes de paz, una cifra que escala hasta los 338 desde que 2016, cuando se alcanzó el acuerdo con las Farc.
En los últimos meses también se han revivido algunos de los episodios más oscuros del país con la denuncia de dos casos en los que el Ejército y la Policía han sido acusados de presuntamente estar detrás de "falsos positivos", como se le llama a las ejecuciones de civiles.
Fuerza pública y seguridad
Referente a los cambios, Petro sostuvo que “no voy a decir que son decisiones perfectas, siempre hay grados de injusticia, y yo tengo que agradecerle a todas las personas que salen del servicio que salen por estas decisiones”.
Con respecto a que se impidan las masacres y la muerte de líderes sociales, sostuvo que el llamado es a fomentar una fuerza pública centrada en la política de seguridad humana para garantizar paz, la disminución de la violencia, de la criminalidad, garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas, como en toda democracia debe ser".
"Cero corrupción y cero violaciones a los derechos humanos" serán, por tanto, los preceptos que regirán a las Fuerzas Militares y a la Policía en los próximos cuatro años, afirmó el mandatario.
Hay una visión equivocada
John Mario González Restrepo, analista político, aseguró que las afirmaciones del presidente Petro no tendrían mayor trascendencia y debieran entenderse como su deseo de mejorar los resultados de la Fuerza Pública, particularmente de la Policía, frente a los actores armados y un mayor compromiso de los comandantes con la seguridad en su región.
"El problema es que esto visto a las luz de las demás decisiones puede terminar por afectar la moral de los comandantes de la Policía y de la fuerzas militares, ante el descabezamiento histórico de generales; la llegada de muchos comandantes sin experiencia; el plan pistola, en parte incentivado por la propuesta gaseosa de paz total que propone el Gobierno; el traslado de la Policía a un ministerio distinto al de Defensa y la visión, a mi modo de ver, equivocada del Gobierno sobre la génesis la violencia en Colombia", sostuvo el experto.
Aseguró que se corre el riesgo de que haya un incremento de la violencia y de acciones criminales, producto de una visión benévola frente a la droga, que repite la política de abrazos y no balazos, inspirada en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "Eso es preocupante, porque no se pueden a poner todos los generadores de violencia en el mismo costal, este un afán del protagonismo del Gobierno y una propuesta improvisada frente a la criminalidad que nos pueden llevar por el despeñadero", planteó.
Muestra de ello, planteó, fue el triste episodio de masacrar patrulleros en el plan pistola de las bandas criminales, de cara a valorizarse frente a la vaga propuesta de "acogimiento" del actual Gobierno.
Sostuvo que si no se hubiera abordado la lucha contra el narcotráfico, como se ha hecho, el fenómeno sería más difícil y desafiante. "Es como el cáncer, pues aunque se han tenido tantos fracasos en su lucha, pese a tantos esfuerzos científicos, nadie estaría de acuerdo en decir que se definiera no luchar más contra esta enfermedad. Entonces creo que hay una visión equivocada y el Gobierno tendrá que aterrizarla y ponerle más realismo a las políticas públicas".
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