EFE|LA PATRIA|LA HAYA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación contra los altos cargos del Ejército colombiano responsables de las ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate que presuntamente ocurrieron entre el 2002 y el 2008.
En un informe presentado ayer en La Haya, la FIDH, que es un agente oficial de diálogo con la CPI, también advirtió a ese tribunal que en casos relacionados con Colombia "tenga en cuenta no solo informaciones recibidas del Gobierno, dada la participación de partes del aparato estatal en la comisión de crímenes en masa".
En el documento, de unas 50 páginas, la citada organización, junto con una de sus entidades miembros en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, denunció que los máximos responsables de los conocidos como "falsos positivos" todavía siguen impunes de ese crimen de lesa humanidad.
Las entidades sostuvieron que las ejecuciones se cometieron por el Ejército de manera "sistemática y generalizada" entre 2002 y 2008, con Álvaro Uribe Vélez como presidente.
"Paralelamente al sistema de incentivos monetarios (a civiles y exinsurgentes para facilitar información al Ejército) existían recompensas para los miembros del ejército" que iban desde licencias a ascensos o condecoraciones.
"Se reclutaba a las víctimas con información falsa y el Ejército se encargaba de la ejecución de los civiles y de simular la baja en combate", reza el informe.
Según las cifras presentadas ayer, entre el 2002 y el 2008 se produjeron 3 mil 345 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, siendo las víctimas en su mayoría hombres jóvenes, campesinos o habitantes de zonas rurales y provenientes de familias con escasos recursos económicos, a los que se atraía "bajo el señuelo de promesas laborales".
La FIDH denunció además que las detenciones se realizaban sin orden judicial, dando lugar a desapariciones forzadas y a 'falsos positivos".
La CPI realiza en este momento "análisis preliminares" en el caso de Colombia, lo que significa que tras haber estudiado si se han cometido delitos de competencia de la Corte, se aplica el llamado "test de complementariedad" para asegurarse de si las autoridades nacionales están investigando los presuntos crímenes.
En el caso de Colombia, la fiscalía de la CPI no ha abierto ninguna causa porque estima que las autoridades judiciales investigan los presuntos crímenes bajo su jurisdicción.
Sin embargo, la FIDH señala que en el caso de los "falsos positivos" las investigaciones en Colombia se limitan a juicios a soldados de poca categoría, dejándose impunes a los máximos responsables del Ejército.
"No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los altos mandos militares, máximos responsables por los crímenes de lesa Humanidad en Colombia", concluyó el estudio.
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