Piden a la CPI investigar crímenes de sindicalistas en Colombia

Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccjar, radicó una petición para que se tomen acciones con respecto a la violencia en contra de los sindicalistas en Colombia. Para los accionantes, la impunidad y sistematicidad de los casos los hacen crímenes de lesa humanidad.

La petición que fue apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr), solicita que se profundice en las investigaciones que ya están abiertas de forma preliminar en la Fiscalía de la CPI, argumentando que se trata de un “caso emblemático de violencia utilizada estratégicamente por el Estado y los grupos paramilitares como parte de las estrategias de contrainsurgencia”

Y es que el reporte del Ccajar habla de 13 sindicalistas asesinados en lo que va del 2012. La cifras que son de la Escuela Nacional Sindical señalan que 2.927 sindicalistas han sido asesinados en las últimas tres décadas; 775 desde el 2002, fecha de la creación de la CPI.

Por eso, a pesar que la Fiscalía de la CPI empezó los exámenes preliminares en el caso de Colombia en el 2003, para los accionantes “estos procesos se encuentran en un punto muerto” y consideran que se los casos deben ser calificados o crímenes contra la humanidad.

“El 90% de estos crímenes permanecen en la impunidad (solo 230 de 2.927 casos ha habido sentencia), los participantes directos e indirectos no están siendo investigados. Aún en los casos en los cuales hay condenas de unos pocos perpetradores directos, aquellos que forman parte del liderazgo militar y político gozan de impunidad total, aunque sean los principales responsables de esos crímenes”, señala la petición.

A juicio de los accionantes, que la CPI abra una investigación formal es la única “posibilidad realista” de identificar a responsables de los crímenes. Además, desde el 2002 se han registrado –según la acción- la desaparición forzada de 61 sindicalistas, 3.785 amenazas, 32 allanamientos ilegales, 133 atentados, 455 casos de detenciones arbitrarias, 656 casos de desplazamiento forzado, 361 hostigamientos, 57 secuestros y 29 casos de tortura.

CASOS ESPECIALES

De los 775 casos que forman parte de la acción –los ocurridos desde la creación de la CPI-, el Ccjar priorizó cinco en los habrían participado como presuntos autores paramilitares, fuerzas militares y la Policía:

-María Lucero Henao, sindicalista de la región del Alto Ariari que fue asesinada el 6 de febrero de 2004 al parecer por grupos paramilitares junto con su hijo de 16 años.

- Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche Goyeneche, quienes habrían sido asesinados por integrantes del Ejército el 5 de agosto de 2004 en Arauca y presentados como integrantes de la guerrilla. “No llevaban armas, ni habían tratado de resistirse de ninguna forma al ejército. Sin embargo, los tres sindicalistas fueron matados a tiros y fueron declarados por el Ejército como miembros de la guerrilla que habían fallecido en combate”, dice la comunicación.

-Luciano Enrique Romero Molina, empleado de la fábrica Cicolac en Valledupar y líder en la sección local del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Al parecer fue secuestrado por integrantes del Bloque Norte de las AUC el 10 de septiembre de 2005, torturado y asesinado con 50 puñaladas. “Su asesinato estuvo precedido por la vigilancia y la represión de autoridades del estado, en particular del DAS, además de difamaciones y falsas acusaciones por parte de miembros de la gerencia de Nestlé- Cicolac y, después, amenazas de muerte por parte de paramilitares”, señala la comunicación.

-Alejandro Uribe Chacón, trabajador que estuvo 29 años en el distrito de Mina Gallo de Morales, Bolívar. De acuerdo con la acción, fue “asesinado el 19 de septiembre de 2006 por oficiales del Batallón antiaéreo Nueva Granada”.

-Guillermo Rivera Fúquenes. Bogotano que desapareció el 22 de abril de 2008 y cuyo cadáver fue encontrado dos días después en Ibagué. Aunque fue enterrado como N.N, el 15 de julio de 2008, la Fisclaía exhumó el cuerpo y lo identificó.