COLPRENSA | LA PATRIA
Una nueva polémica protagonizó ayer el controvertido concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, del Partido de Integración Nacional (PIN). El cabildante, también pastor de una iglesia cristiana de la capital, recibió críticas por impulsar una proposición, aprobada de forma no muy clara en la plenaria, para conocer aspectos de la vinculación laboral de la población de la comunidad LGBTI al Canal Capital, el canal público de televisión de esa ciudad.
La historia comenzó hace dos meses, cuando trascendió que en la administración del alcalde Gustavo Petro había ya más de cien personas de esa comunidad (Lgbti (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) vinculadas a distintos cargos distritales.
Desde entonces, el concejal Ramírez dejó ver su malestar por el que consideró “desmesurado privilegio” que la administración le viene dando a ese grupo social.
La gota que rebosó su paciencia fue el lanzamiento, hace pocos meses y por todo lo alto, del programa El Sofá, “hecho por la comunidad LGBTI para esa comunidad”, en palabras de Holman Morris, el gerente del canal. Por ello, el concejal afirmó sin titubeos que “el Canal Capital está al servicio” de esas personas.
En agosto pasado presentó una proposición de citación a Morris, a quien le envió un cuestionario de más de 50 preguntas en el que indaga, entre otras cosas, por cuántos miembros LGBTI trabajan allí, en qué cargos y su asignación salarial.
Reacciones
La citación y el cuestionario generaron toda clase de reacciones en el Concejo y en las redes sociales, donde compararon la actitud del político con “el sectarismo y ortodoxia” del procurador Alejandro Ordóñez.
Para el concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde, se trata de una actitud “homofóbica, basada en criterios religiosos y que puede constituir acoso laboral para la comunidad LGBTI”.
Juan Carlos Flórez, de la Alianza Social Independiente (ASI), recalcó que al menos tres preguntas del cuestionario “son abiertamente inconstitucionales” porque vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la privacidad y a la intimidad.
El gerente agregó: “Me sorprende que un concejal haga ese tipo de preguntas cuando la sociedad colombiana todos los días pide garantías para expresarse libremente, y cuando hemos logrado grandes avances para garantizar los derechos de la población LGBTI. Eso no tiene presentación”.
Explicó que constitucionalmente no está obligado a responder algunas preguntas, pero se mostró partidario de dar explicaciones sobre su gestión.
“La televisión pública esta cumpliendo los postulados de respeto, pluralidad política, religiosa, social y cultural”, aseguró Morris, pero advirtió que para la selección de contratistas “en el Canal Capital no hay una fila para homosexuales y otra para e heterosexuales. Eso corresponde al fuero personal de cada quien”.
El concejal Ramírez, que se autodefine como "el concejal de la familia", expidió un comunicado en el que atribuye las reacciones a una persecución política y religiosa en su contra “a través de la Alcaldía Mayor, el Canal Capital y algunos colegas del Concejo”.
La respuesta
Germán Humberto Rincón, abogado defensor de la comunidad LGBTI, afirmó que el concejal Marco Fidel Ramírez "está en libertad de profesar sus creencias religiosas, pero no es permisible que en un Estado laico quiera disfrazar y hacer uso inadecuado de su cargo para temas que él considera peligroso e inadecuados”. Por eso anunció que le enviará un derecho de petición “para que responda si conoce la ley y las limitaciones del cargo que tiene”.
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