Minería ha dejado detrimento fiscal por 224 mil millones

BOGOTÁ - Un total de $224.000 millones suma el detrimento al patrimonio que la Contraloría General de la República (CGR) ha encontrado en el sector de la minería, solo por cuenta de lo que el Estado deja de recibir por regalías.

Prodeco, Drummond y Cerro Matoso son algunas de las carboneras que están en la lupa de la CGR, por ocasionar estas pérdidas al patrimonio, como consecuencia de la mala aplicación de la liquidación de las regalías. Así lo confirmó la contralora Sandra Morelli Rico.

Hace algunos días, el presidente de Drummond, José Miguel Linares, dijo que la forma como se calculaban las regalías de la empresa era “de común acuerdo y anterior a la misma ley”. Al respecto, la contralora se mantiene en su posición.

Linares dice que ustedes no están de acuerdo con una fórmula para liquidar que ya se había pactado. ¿Qué le responde?
Hace varios meses abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por $50.000 millones considerando tener los elementos suficientes para proceder y creyendo que nuestra interpretación ha sido adecuada. Es legítimo que él informe de su entendimiento sobre cómo se hace la liquidación, pero sí hay algunas imprecisiones en lo que plantea respecto a temas como los contratos y las condiciones originales. La Contraloría adelantó una verificación directa y se tomó la decisión de avanzar en el proceso porque existen bastantes fundamentos y las otras medidas no han funcionado, aunque estamos dispuestos a revisar la cuantificación.

¿Cómo califica la decisión del Gobierno de tener mano firme con Drummond pese al alto costo económico?
El sector minero le ha tomando la delantera al resto en políticas de Estado y puede entrar en conflicto. Pero nadie puede desconocer esos imperativos que ayudan a mantener el equilibrio. El de la Drummond es un caso más, se vienen dando ciertas prácticas, prórrogas y se les ha advertido que se adapten a la ley; pero cada vez es más difícil porque tenemos otras carboneras que también son agentes contaminantes en medio de una débil institucionalidad ambiental y minera, porque parece que nos da miedo establecer controles, regulación y medidas.

¿Cuándo se podría resolver el caso?
Nuestros procesos se resuelven en un promedio de cuatro meses en espera en primera instancia; después viene la segunda, mes y medio. Lo que sigue depende del tiempo en que se resuelvan las tutelas, aunque un proceso de nulidad del Consejo de Estado sí puede alcanzar el año. Pero no se trata solo de si la Contraloría gana el proceso y se recuperan los $50.000 millones, sino de una modificación en el contrato y el compromiso de la autoridad por dar cumplimiento.

¿En qué otras mineras tiene la Contraloría la lupa y a cuánto asciende el detrimento fiscal?
En todo el sector revisamos el cumplimiento de la política pública para establecer si la administración actúa de manera eficiente. Algunos casos en los que consideramos que hay daño fiscal son: Prodeco ($59.000 millones), Cerro Matoso ($62.000 millones), Drummond (más de $100.000 millones) y otras, que en suma representan $3.000 millones, para un total de $224.000 millones. Actualmente, en el tema de regalías, hacemos un seguimiento en tiempo real y tenemos claro que se han aprobado proyectos hasta por $12 billones, de los cuales hay $1 billón ejecutados. En el pasado hemos logrado recuperar casi $200.000 millones efectivos de regalías.

Del presupuesto para el Sistema General de Regalías (SGR) aún faltan por aprobar alrededor de $15 billones, ¿cree que se ha agilizado en el proceso?
La ejecución no es tan fácil por la estructura engorrosa del Estado. La reforma al SGR establece la participación de distintas instancias y en el momento en que parecía imposible y todo apuntaba a que terminaría siendo aprobado por decreto, las entidades finalmente se integraron. La crítica que hacemos es por un alto en el camino, para revisar la pertinencia de los proyectos aprobados frente a las necesidades insatisfechas, para que estén mejor focalizados y se aproveche el recurso. Hay intentos por desviar los fondos a otros fines y corrupción, pero actuamos para que sea mínimo lo que se nos escape.

¿Cuáles son las EPS que están involucradas en el llamado ‘Cartel de los medicamentos’, y que habría desfalcado al Estado por más de $1,8 billones?
Un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio identificó hace varios meses que tanto la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) como 16 grandes EPS, se ponían de acuerdo para ponerle precio a los medicamentos. Les iniciamos un proceso de responsabilidad fiscal por $1,7 billones. A la fecha hay un proceso abierto y otro con fallo de primera instancia.

¿A cuánto asciende el daño fiscal encontrado en los sistemas de transporte masivo?
La cuantificación no se la puedo dar en este momento pero sí existe la necesidad de tomar medidas muy serias. No hay ninguna correspondencia entre lo que debía costar y lo que finalmente costó la implementación de un sistema de transporte masivo. Los proyectos se estructuraron con base en supuestos que no correspondían a lo que iba a suceder. Por ejemplo, en el caso de Cali, el ingreso es muy inferior al proyectado; fue necesario un Conpes para inyectarle al Mío $50.000 millones. También hay serios problemas en Bucaramanga, Cartagena y Bogotá, que de todos es el menos traumático aunque hay dificultades con el recaudo.

¿Qué falta por resolver?
Tenemos que empezar por sacar de circulación los buses viejos, chatarrizarlos y redefinir los modelos financieros, pero no a partir de cifras, sino de nuevas condiciones. Sin embargo, el reto a futuro está en encontrar otras alternativas de sistemas más livianos, que no contaminen ni ocupen tanto espacio y que al final resultan igual de costosos.