COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
A las 11:00 de la noche de ayer, los magistrados de la Corte Constitucional completaban seis horas de reunión en Sala Plena extraordinaria convocada ante la gravedad del escándalo que se originó por la denuncia sobre el supuesto pago de $500 millones para favorecer con una tutela a Fidupetrol.
La Sala se ha desarrollado en completo hermetismo, aunque se ha conocido que ha habido fuertes discusiones entre los magistrados a raíz de este supuesto acto de corrupción, que tiene en el ojo del huracán al presidente de la Corte, magistrado Jorge Pretelt, quien desde temprano anunció que no va a renunciar.
Según Pretelt, él está tranquilo en este caso pues no promovió la selección de la tutela, que se estudió en Sala Plena, porque iba en contra de una condena de la Corte Suprema de Justicia y que votó en contra. Según dijo, no promovió ante González, ponente de dicha tutela, que atendiera al presidente de Fidupetrol, ni al abogado Víctor Pacheco.
“No he considerado mi renuncia de ninguna manera, más bien le propongo al presidente de Fidupetrol, a su junta directiva y a su abogado, que le aclaren la situación al país en un plazo máximo de tres días”, dijo.
Por qué la demora
En medio de la discusión, hacia las 8:00 de la noche, el magistrado Mauricio González, dio a conocer un comunicado explicando la tardanza en presentar la denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra de su colega, Jorge Ignacio Pretelt.
González dijo que una incapacidad médica le atrasó la radicación de la denuncia y tampoco le permitió asistir a la reunión pactada con el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan. No obstante, dice González, las llamadas de varios columnistas lo alertaron.
“Medio restablecido, envié desde fuera de Bogotá la solicitud de investigación el 27 de febrero, a la Comisión de Investigación y Acusación y ayer en la mañana hice la presentación personal bajo la gravedad del juramento”, señaló el jurista.
El magistrado dice que fueron al menos cuatro magistrados los que conocieron la versión referida por Víctor Pacheco, pero que él fue el último en enterarse el pasado 3 de febrero del año en curso a las 7:00 de la noche.
“¿Tres semanas es demasiado tiempo para dirigirse a la Comisión de Acusaciones? En modo alguno. Se trata de un hecho grave y de una institución trascendental, no de la denuncia del robo de un celular. Había que proceder con prontitud, pero sin incurrir en temeridad o falsa denuncia”, alegó.
“No me quedé quieto. Enterado de los hechos: (I) hablé telefónicamente con el (sic) dr. Pacheco; (II) cotejé con otros colegas su dicho, para valorar su consistencia; (III) me desplacé a Cartagena para confirmar personalmente su versión; (IV) acordé con el dr. Pacheco una reunión en mi oficina para buscar un ‘cara a cara’ con el magistrado por él señalado –inicialmente para el 19 de febrero y luego el 3 de marzo, que ya no fue-".
De acuerdo con González, estaba decidido a solicitar la investigación, y la presión de los medios fue importante para concretar la fecha, pues supuso que eran de dominio público.
“Alguien debía actuar pronto –y ese alguien debía ser yo- para que no vagara la sensación de que los magistrados enterados íbamos a tapar los hechos denunciados”, precisó.
Pacheco tiene 48 ingresos a despachos de magistrados
El abogado Víctor Pacheco, ahora investigado por el escándalo de supuestos pagos a favor del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, ingresó 48 veces al Palacio de Justicia a visitar magistrados. De acuerdo con los ingresos oficiales entre 2013 y 2015, Pacheco ingresó a los despachos de los magistrados de la Corte Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas Ríos. Por el lado del Consejo de Estado, Pacheco habría visitado a los magistrados Enrique Gil Botero, Martha Briceño, Olga Valle de la Hoz, Susana Buitrago, Bertha Lucía Ramírez, Gerardo Arenas Monsalve y Germán Alberto Bula Escobar. Igualmente, a los magistrados Edgar Carlos Sanabria y Wilson Ruiz del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura anunció que abrió una investigación de oficio en contra del abogado.
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