Las puntadas finales para el proceso de paz

Alfonso Ospina T.

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Durante seis meses el país esperó la llegada del 23 de marzo, por ser la fecha señalada para la firma del acuerdo que le ponga fin al conflicto armado interno con la guerrilla de las Farc. Pero cinco días antes, se descarta la posibilidad de que ese acuerdo se firme o, al menos, de que se anuncie algún avance en la negociación, según fuentes del alto Gobierno.

Incluso, las últimas semanas parecen ser las más difíciles en más de tres años de negociación. Aunque hay señales de que las conversaciones volverán a su curso normal, después de la mediación de Enrique, el hermano del presidente Juan Manuel Santos.

El resultado de ese trabajo sigue en la natural confidencialidad, se sabe que el Gobierno destaca que en esta ocasión el viaje lo pidió la contraparte, directamente su principal comandante, Timoleón Jiménez. Ese hecho se considera como una muestra de que la guerrilla realmente quiere encontrar soluciones que permitan el acuerdo de paz definitivo.

Se conoció que Enrique Santos regresó de La Habana el miércoles y que trajo un documento para el jefe de Estado con consideraciones de las Farc acerca de la implementación, refrendación y verificación del acuerdo, punto en que se entrabó el diálogo.

Al preguntarle sobre la viabilidad de incluir ese documento en el diálogo, el presidente dijo que en su mayoría (80%) se puede incorporar.

Sobre los detalles del desacuerdo se escucharon especulaciones, aunque las comunicaciones oficiales de la guerrilla sí dijeron que no sienten reflejadas sus peticiones para esta parte de la negociación. Lo que parece agravar más la crisis no son las diferencias en sí, sino el momento en que se presentaron.

Un integrante del Gobierno cercano a la mesa de conversaciones dijo: “Lo más importante para el acuerdo ya lo superamos en los puntos previos, pero este es el instante más difícil, porque ya estamos muy cerca del final; en este momento ambas partes se ponen nerviosas y cada circunstancia nueva, la magnifican; de hecho, es lo que pasa en una negociación de cualquier tipo.

Desconfianza

De parte de las Farc, la angustia más evidente tiene que ver con la seguridad personal de quienes se desmovilicen. En la Mesa dijeron que ven crecer en Colombia un nuevo fenómeno paramilitar y aunque el Gobierno insiste en negar esa versión, la cadena de asesinatos de reclamantes de tierras o de defensores de derechos humanos parece legitimar esa preocupación.

Angustia que fue expresada por otras voces, como de la Unión Europea, que sigue de cerca el proceso con el Enviado Especial, Eamon Gilmore. El miércoles esa entidad emitió una alerta pública: “La delegación de la Unión Europea (UE) y las Embajadas de los Estados miembros en Colombia desean expresar su preocupación por el reciente asesinato de varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, condenando todas las muertes violentas, y entre otras las de William Castillo, Klaus Zapata, Willar Alexander Oime, Hernando Pérez y Marisela Tombe, ocurridas en los últimos días, y uniéndose a las manifestaciones de rechazo realizadas por miembros de la sociedad civil, las autoridades colombianas y la comunidad internacional”.

Reintegración

Por el lado del Gobierno la mayor fuente de preocupación tiene que ver con la forma y el tiempo en que las Farc entregarán las armas y se reintegrarán a la vida civil. Las fuentes consultadas –que agregan que aún no se han definido las zonas de concentración de los guerrilleros, su número, su extensión ni su ubicación— dicen que la guerrilla “quisiera entrar a ellas con las armas y conservarlas dos años o más, eso es inaceptable”.

Nadie en el Gobierno se arriesga a decir cuánto será el tiempo aceptable entre el momento en que los guerrilleros se concentren y cuándo efectivamente entreguen las armas, con el mecanismo y a qué actor que se decida en la Mesa. Se sabe, sí, que el presidente Santos contempla la idea de que la entrega se haga en forma escalonada, en porcentajes previamente acordados, pero en el menor tiempo posible. También se ha escuchado que el esquema de vigilancia en las zonas de concentración, que no estarán en cascos urbanos, será con anillos de seguridad montados por las Fuerzas Militares y con presencia policial en el interior.

Otros aspectos del funcionamiento de las zonas de concentración son menos graves en apariencia, pero también complicadas de aplicar. Por ejemplo, la posición de las Farc de que los sigan considerando como cuerpos grupales armados para todos los efectos, sin que los individualicen. Esa pretensión, de aceptarse, haría imposible labores fundamentales como la cedulación, la reintegración laboral o el sometimiento a la justicia transicional de los desmovilizados.

Más pública fue la dificultad para avanzar en la discusión sobre quién nombrará a los jueces que harán parte de la Jurisdicción Especial de Paz. El presidente Santos, dicen las fuentes consultadas, cree que ese punto se superaría con un acuerdo para tener un 80% de jueces nacionales y un 20% de jueces extranjeros. Y que su escogencia (tanto foráneos como locales) quede a cargo de las dos partes en diálogo y de “un tercero con credibilidad”, que según el primer mandatario, podrían ser el papa Francisco, el Secretario General de la ONU o una instancia superior de la Unión Europea.

Está por llegar otro asunto que demoraría las conversaciones: el número de efectivos de las Farc que serán incluidos en la desmovilización. La prioridad para el Gobierno es que no sucede lo que en otros casos, es decir que aparezcan ‘colados’ a beneficiarse del proceso. Ese acuerdo tampoco será fácil, porque el Estado calcula en no más de 8.000 los guerrilleros en armas, pero esa cifra podría duplicarse o más cuando las Farc decidan si incluyen o no en ese listado a quienes forman las llamadas 'milicias de apoyo'.

Pese a este cuadro de dificultades por superar, persiste la confianza en que el acuerdo definitivo está cerca, porque los integrantes de la Mesa de La Habana completan ocho días trabajando en jornadas intensas de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche y porque, en últimas, el proceso ha demostrado que por más difíciles que parezcan las controversias, al final se han encontrado puntos de acuerdo.

Cuidado con los protocolos

Frente al tiempo que se deben tomar las partes para lograr la firma del acuerdo final, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, resaltó que lo más importante es definir unos protocolos muy claros para cumplir los compromisos adquiridos.

“Es indeseable no cumplir la fecha del 23 de marzo, pero tienen razón que por cumplir la fecha se van a dejar cabos sueltos. Se deben tener unos protocolos claros. Prefiero se demoren unas semanas más, pero que cuando salga no sólo esté el contenido de los acuerdos sino que estén claros los protocolos y reglas con los cuales se empezará la implementación”, explicó la senadora.

Para López lo que pasó en El Conejo, Fonseca (Guajira), en donde la guerrilla se sobrepasó en su acción pedagógica con las tropas, fue porque no se tenía claro qué podían hacer.

Frente al tiempo, López finalmente considera que este último paso de la negociación no podrá ir más allá de junio, “este proceso aguantaría dificílmente más allá del primer semestre del año”.