Con el objetivo de proteger la diversidad étnica y cultural de las comunidades, sin dejar a un lado la activación de proyectos, obras y actividades, la Dirección de Consulta Previa del ministerio del Interior, ejecuta y vigila los procesos de consulta para garantizar la transparencia de estos mismos.
El mecanismo busca abrir un diálogo intercultural en el que exista una participación real, oportuna y efectiva de las diversidades étnicas en la toma de decisiones de aquellas iniciativas de índole administrativa, ambiental, energética, de infraestructura, entre otros, que puedan afectar su integridad.
En lo corrido del 2014, la cartera política ha realizado 690 protocolizaciones en el marco de 38 proyectos, es decir, se ha logrado aterrizar los acuerdos entre ejecutores y comunidades. Ya en 2013 se habían logrado 580 procesos similares.
De los 690 procesos, 160 pertenecen al sector minero, 7 al ambiental, 56 de medidas administrativas, 305 de hidrocarburos, 61 del sector energético y 101 de infraestructura. Actualmente existen 130 procesos de consulta previa en etapa inicial con 1300 comunidades étnicas.
La planta de regasificación del Caribe, la expansión de Cerromatoso, la Central Hidroeléctrica de Cucuana y la doble calzada Cartagena – Barranquilla, son algunos de los proyectos que el Gobierno Nacional calificó como de interés nacional, de allí la importancia de la participación de las comunidades.
La Ruta del Sol Sector Tres y la modernización y ampliación del Aeropuerto de San Andrés, también son estratégicos para el Gobierno.
Según el ministerio del Interior, los tiempos de los procesos de Consulta, los cuales han variado de 24 meses a principios del año 2010 a 7 meses en la actualidad, evidenciando una mejora del 71%.
Este avance que puso en marcha el Gobierno Nacional, contribuye a la protección y salvaguarda de los derechos colectivos de las comunidades étnicas y a la activación de proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía en Colombia.
Aun así subsisten las denominadas 'malas prácticas' que consisten en suministrar información incompleta o restringirla; irrespetar los tiempos, falta de claridad en la representación de las comunidades; desconocer los usos y costumbres de las comunidades.
"Una sociedad que entiende la diversidad étnica y cultural como un valor esencial, es una sociedad que avanza en los marcos del desarrollo económico y social", concluyó el Ministerio.
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